Una ola de indignación recorre Venezuela tras confirmarse la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, un comerciante informal que fue detenido el 3 de enero de 2025 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar bajo acusaciones de terrorismo, conspiración y traición a la patria. El Ministerio del Servicio Penitenciario informó el jueves 7 de mayo que Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar". Su caso permaneció en el anonimato hasta que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, emprendió una angustiosa búsqueda durante más de un año recorriendo cárceles e instituciones estatales.
La octogenaria madre del fallecido denunció públicamente el paradero desconocido de su hijo el 5 de mayo en Caracas, enfrentándose a respuestas evasivas y silencio de las autoridades durante 16 meses. El descubrimiento de que Quero Navas yacía en una tumba desde hace nueve meses generó rechazo en la opinión pública venezolana y pronunciamientos de líderes políticos y organizaciones de derechos humanos que ven en esto un patrón sistemático de represión.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció que los 27 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia estatal, desde Rodolfo González y Fernando Albán hasta Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero, son evidencia de un sistema donde la muerte es el desenlace de la persecución política. María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, calificó lo sucedido como "un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta" e "horror sistemático contra una nación que exige justicia".
Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, que acompañó las diligencias judiciales de la madre de Quero Navas, caracterizó lo ocurrido como "la constatación clara de la desaparición forzosa y de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela". El comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario alegando que Quero Navas no proporcionó datos familiares fue rechazado como insuficiente, profundizando la crisis de legitimidad de las instituciones penitenciarias ante la comunidad internacional y la sociedad civil venezolana.
Fuente: Infobae — Ver nota original
