Carmen Navas, una mujer de 83 años, falleció apenas nueve días después de que le notificaran oficialmente que su hijo Víctor Quero Navas, de 51 años, había muerto hace casi un año en cautiverio. Víctor fue detenido el 1 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sin que se informara oficialmente de su captura. Durante más de dieciséis meses, Carmen realizó una búsqueda desesperada visitando múltiples centros de reclusión en Caracas, incluyendo el DGCIM de Boleíta, el Helicoide, La Yaguara y otros, sin recibir información oficial sobre el paradero de su hijo.
La notificación de la muerte de Víctor llegó el 7 de mayo de 2025, cuando Carmen fue citada en la Defensoría y le informaron que su hijo había fallecido en julio de 2024 y fue enterrado el 30 de julio sin la presencia de familiares. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios argumentó que Quero Navas no había proporcionado datos de identificación y que ningún familiar se había presentado a solicitar una visita formal, justificando así el entierro sin notificación a los familiares. Esta explicación contrasta con los esfuerzos constantes de Carmen por localizar a su hijo en los diversos centros de detención durante más de un año.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó una investigación rigurosa tras la confirmación de la muerte de Víctor. Sin embargo, el caso revela un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos, según denuncias de organizaciones internacionales. Otras cuatro madres cuyos hijos fueron detenidos en circunstancias similares han fallecido en los últimos seis meses sin haber visto a sus hijos en libertad, ilustrando la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela.
Según testigos presenciales y reportes de la prensa local, Víctor fue detenido bajo la acusación de posesión de explosivos, aunque los testimonios indican que simplemente transportaba hallacas y bombones para celebrar el Año Nuevo con su madre. El caso de Carmen Navas y su hijo se ha convertido en un símbolo de las desapariciones forzadas y muertes en custodia que caracterizan la situación de derechos humanos en Venezuela, evidenciando la falta de transparencia e información a las familias de los detenidos.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
