Carmen Navas, una madre venezolana de 82 años, ha encontrado respuestas tras 16 meses de angustia buscando a su hijo Víctor Hugo Quero Navas. El Ministerio de Servicios Penitenciarios confirmó este jueves que su hijo falleció nueve meses atrás, tras ser detenido sin orden judicial por la Dirección de Contrainteligencia Militar el 1 de enero de 2025. Con esta muerte, suman 22 los presos políticos fallecidos bajo custodia estatal en los últimos años. El caso ha generado conmoción en Venezuela y condena internacional en un momento en que el gobierno prometía reinstitucionalizar el país.
Durante estos meses, Carmen Navas recorrió cárceles venezolanas portando un cartel con la foto de su hijo, denunciando su desaparición sin obtener respuestas claras de autoridades, policías y jueces que le negaron información o le proporcionaron datos contradictorios. La madre, siempre impecablemente arreglada, se convirtió en símbolo de la angustia de familias de desaparecidos en Venezuela. Su búsqueda culminó con una protesta en la plaza caraqueña de Altamira, donde exigió públicamente saber el paradero de Víctor Hugo antes de recibir la noticia oficial.
Según el comunicado oficial, Quero, de 51 años, fue trasladado el 15 de julio de 2025 desde la cárcel del Rodeo al Hospital Militar de Caracas aquejado de hemorragia digestiva y fiebre. Murió nueve días después por una "infección respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar", según los documentos gubernamentales. Sin embargo, su tumba presenta inconsistencias: una lápida marcada con una hoja de papel consigna una fecha de muerte distinta a la oficial, tres días posterior. Su cuerpo fue enterrado el 30 de julio sin notificación a la familia.
Las irregularidades en el proceso exponen las grietas del sistema de justicia venezolano. El gobierno argumenta que cuando Quero ingresó al Rodeo el 3 de enero, no proporcionó datos de familiares y que ninguno se presentó a solicitar visita, una afirmación que genera dudas sobre la veracidad de los procedimientos. Los detalles de la muerte llegaron a Carmen Navas a través de la oficina de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, quien asumió el cargo bajo promesas de reinstitucionalización, elevando interrogantes sobre la transparencia y responsabilidad de las autoridades.
Fuente: El Pais — Ver nota original
