El gobierno venezolano liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la liberación de 300 presos durante esta semana, sin embargo, la medida generó tensiones con los activistas y defensores de derechos humanos que exigen la libertad completa de todos los prisioneros políticos en el país. Las organizaciones que defienden a los reclusos políticos han mantenido esta demanda durante años, argumentando que las liberaciones parciales no satisfacen las necesidades de justicia y reparación para todos los afectados por la represión estatal.
Un día después del anuncio del Ejecutivo, se realizó una marcha silenciosa en Caracas donde activistas y familiares de prisioneros políticos se dirigieron hacia el Ministerio del Servicio Penitenciario para denunciar las muertes bajo custodia estatal ocurridas desde 2014, que según varias organizaciones no gubernamentales ascienden a 27 casos. Los manifestantes portaban consignas como "debe ser todos" y "Delcy, no son 300, la orden es que sea todos", expresando el descontento por las medidas limitadas de liberación.
Segun el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, las nuevas liberaciones se enmarcan en un contexto de múltiples rondas de excarcelaciones. Previamente, se aprobó una ley de amnistía en febrero que ha beneficiado a más de 8,000 personas, principalmente en libertad condicional, y en enero se reportó la liberación de más de 800 reclusos como parte de un "nuevo momento político" en el país. Hasta la mañana del miércoles, la ONG Foro Penal reportaba aproximadamente 25 prisioneros políticos liberados desde el lunes, significativamente menos de los 300 prometidos.
Entre los liberados se encuentran algunos de los prisioneros de más larga condena en Venezuela, incluyendo tres funcionarios destituidos de la Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados por su participación en el fallido golpe de estado contra Hugo Chávez en 2002. Las liberaciones ocurren en un momento en que partidos de oposición demandan una investigación independiente con apoyo internacional sobre la muerte bajo custodia estatal del prisionero político Víctor Hugo Quero Navas, subrayando la urgencia de esclarecer responsabilidades en casos de violaciones a derechos humanos.
Fuente: EFE Venezuela — Ver nota original
