La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de una disparidad significativa en las cifras sobre la liberación de presos políticos en Venezuela, tras la aplicación de una ley de amnistía promulgada en febrero. El gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez sostiene que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por esta medida. Sin embargo, según informó el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, la sociedad civil reporta que solamente 186 personas gozan de libertad plena, mientras que 554 permanecen bajo medidas cautelares.
La CIDH advirtió que los excarcelados no gozan de verdadera libertad, sino de lo que denomina "libertad vigilada". Ralón Orellana señaló que muchas de estas personas enfrentan restricciones severas como prohibición de salida del país, obligación de presentación periódica ante autoridades, prohibición de manifestarse públicamente y restricciones para hablar con la prensa. Estas limitaciones demuestran que la amnistía no ha resultado en la liberación completa que se presentaba oficialmente.
La Comisión también criticó aspectos fundamentales de la ley de amnistía, particularmente la "cláusula residual del artículo 9" que excluye acciones vinculadas a actores extranjeros e introduce un tipo de delito abierto aplicable contra opositores políticos. Además, la CIDH alertó sobre la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas adecuadas, lo que compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas. Esta deficiencia legal obstaculiza la capacidad de la comunidad internacional para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas anteriormente.
La CIDH también cuestionó la capacidad de los tribunales y la fiscalía venezolana para aplicar correctamente la amnistía, señalando que son las mismas instituciones que han sostenido las detenciones arbitrarias durante años. Ralón Orellana enfatizó que "no se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación", subrayando la necesidad de reformas institucionales más profundas. El organismo continúa reclamando una lista oficial completa de presos liberados y permanece en su gestión para monitorear la situación, aunque ha enfrentado obstáculos para acceder directamente al país desde 2017.
Fuente: Infobae — Ver nota original
