La Asamblea Nacional busca elevar de 20 a 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mediante una reforma parcial de su Ley Orgánica, una decisión que reabre el debate sobre el impacto presupuestario real del máximo tribunal. Esta ampliación implica costos sustanciales asociados al funcionamiento institucional que van mucho más allá de los salarios de los nuevos funcionarios. El análisis de expertos revela que el Estado enfrentaría gastos significativos en seguridad, infraestructura y logística que contradicen cualquier discurso de austeridad fiscal.
Mantener una Sala Plena de 32 jueces requeriría asignar no menos de 100 escoltas, calculando cuatro uniformados por cada magistrado para garantizar su protección. Además, la administración necesitaría una flota cercana a los 40 vehículos tipo camioneta de alta gama, con una unidad para cada magistrado y siete adicionales para los integrantes de la Sala Constitucional. Si se suman los vehículos destinados a la presidencia del Tribunal, la cifra alcanzaría aproximadamente 45 unidades de transporte. Este esquema no reflejaría ahorro presupuestario alguno para el país, salvo en lo relacionado con sueldos y pensiones, aspectos que han sido objeto de recortes recientes.
La reforma contempla que cinco salas —Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral— pasen de tres a cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional aumentaría a siete integrantes. Sin embargo, las críticas señalan deficiencias en seguridad jurídica, ya que durante la sesión parlamentaria se omitió respetar la adscripción de magistrados suplentes por sala, generando dudas sobre la validez de sus designaciones. Esta práctica de reubicar funcionarios sin atender la normativa vigente cuestiona la integridad del proceso y revive preocupaciones sobre la independencia judicial.
Más allá del personal de seguridad y la flota de vehículos, los costos se ampliarían significativamente con el mantenimiento mecánico, combustible, armamento y dotación de cada escolta, además de gastos logísticos como alimentación y operatividad. El elemento político no pasa desapercibido: la presidenta interina Delcy Rodríguez cuestionó públicamente hace años el costo de mantener 32 magistrados, una postura que contrasta con la actual reforma que devuelve al Tribunal a esa misma cifra. La paradoja refleja cambios en las prioridades institucionales que merecen mayor escrutinio público y transparencia presupuestaria.
Fuente: Infobae — Ver nota original
