Human Rights Watch (HRW) cuestionó severamente la implementación de la Ley de Amnistía en Venezuela, advirtiendo que presenta graves deficiencias que impiden la liberación efectiva de presos políticos. La organización internacional publicó un nuevo informe titulado «Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía», en el cual su directora para las Américas, Juanita Goebertus, señaló que la legislación promulgada en febrero pasado está «muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos».
Según HRW, la aplicación «injusta y opaca» de la ley ha «socavado aún más la liberación de los presos políticos» venezolanos. La organización identificó restricciones en los criterios de elegibilidad, pues aunque la norma afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita el acceso a quienes hayan sido acusados de delitos en el contexto de eventos específicos ocurridos en ciertos años. Además, incluye disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Entre las irregularidades documentadas, HRW denunció que algunas personas que solicitan amnistía no han sido debidamente informadas sobre los cargos que enfrentan ni sobre las pruebas presentadas en su contra, lo que dificulta argumentar que cumplen con criterios de elegibilidad restrictivos. La organización también documentó que jueces no han fundamentado adecuadamente sus decisiones al denegar la amnistía, y han restringido el acceso a expedientes y la representación de abogados privados.
La organización internacional instó a las autoridades venezolanas a garantizar la «liberación incondicional» de todas las personas detenidas o procesadas arbitrariamente, y exigió que la ley se aplique de manera transparente y en toda su extensión. HRW enfatizó que deben explorarse vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra quienes han sido sometidos a procesos arbitrarios. Estas denuncias se suman a reportes previos sobre cobros en dólares en tribunales para tramitar notificaciones de libertad y al rechazo de organizaciones civiles contra las irregularidades detectadas.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
