Human Rights Watch cuestionó severamente la implementación de la Ley de Amnistía promulgada por las autoridades venezolanas en febrero pasado, señalando que está «muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos». La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió en un nuevo informe que la aplicación «injusta y opaca» de la legislación ha «socavado aún más la liberación de los presos políticos» y exigió que las autoridades garanticen la «liberación incondicional» de todas las personas detenidas arbitrariamente.
La organización internacional identificó múltiples deficiencias en la ley, comenzando por sus restricciones en los criterios de elegibilidad. Aunque el instrumento legal afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la cobertura únicamente a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos «en el contexto» de eventos específicos ocurridos en ciertos años. Además, contiene disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, lo que crea un margen interpretativo problemático.
HRW documentó también graves irregularidades procedimentales en la aplicación de la ley. Algunos solicitantes de amnistía no han sido debidamente informados sobre los cargos que enfrentan ni sobre las pruebas presentadas en su contra, dificultando argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad. Los jueces tampoco han fundamentado adecuadamente sus decisiones al denegar amnistías, mientras que han restringido el acceso a los expedientes de casos y a la representación legal de abogados particulares.
El escándalo se agravó cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció el sábado pasado la presencia de jueces cobrando en dólares durante el proceso de amnistía. Familiares de presos políticos reportaron en marzo cobros ilegales en tribunales para obtener las notificaciones que otorgan libertad plena, mientras organizaciones de la sociedad civil han rechazado categóricamente el fin de la aplicación de la ley. HRW insistió en que las autoridades deben explorar vías legales adicionales para cerrar todos los casos penales contra personas sometidas a procesos arbitrarios.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
