Grupo IDEA condena muerte de preso político en Venezuela

Expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA, entre ellos los españoles José María Aznar y Felipe González, así como el colombiano Álvaro Uribe, condenaron este lunes la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia del Gobierno de Venezuela. En una declaración firmada por aproximadamente treinta expresidentes, la asociación lamentó "con escándalo" la desaparición forzosa y el ocultamiento de la muerte del recluso, cuya defunción solo se conoció tras los insistentes reclamos públicos de su madre a través de medios de comunicación.

Las autoridades venezolanas confirmaron el fallecimiento de Quero la semana pasada, informando que fue detenido el 3 de enero de 2025 y murió en julio por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. El anuncio oficial ocurre bajo el actual Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero pasado, después de meses durante los cuales la madre del fallecido buscaba conocer el paradero de su hijo.

Los expresidentes denunciaron que aproximadamente 28 presos políticos han muerto bajo custodia del régimen desde el inicio de la dictadura de Maduro, aunque organizaciones no gubernamentales como Justicia, Encuentro y Perdón y Provea reducen esta cifra a 27 fallecimientos. Asimismo, criticaron en su comunicado el elevado volumen de desapariciones forzosas registradas en el país desde 2018, exigiendo el cese inmediato de quienes han sido identificados como responsables de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos según reportes de Naciones Unidas.

La muerte de Quero emerge en medio de una escalada social por la situación de los presos políticos en Venezuela, particularmente tras la aprobación de una ley de amnistía considerada insuficiente por diversos sectores. Según la organización Foro Penal, al menos 457 presos políticos permanecen encarcelados en el país, incluidos 42 extranjeros, mientras el Gobierno venezolano sostiene que se trata de "políticos presos" condenados por delitos comunes, posición rechazada por múltiples organizaciones de derechos humanos.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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