Según un balance divulgado por la organización Foro Penal, en Venezuela permanecen encarcelados 457 presos políticos, cifra que incluye a 42 extranjeros o personas con doble nacionalidad. Del total de detenidos, 414 son hombres y 43 mujeres, entre los que se cuenta un adolescente. La ONG registra 270 presos políticos civiles y 187 militares, dejando en evidencia la magnitud de la crisis de derechos humanos en el país caribeño.
La organización Foro Penal ha documentado que desde 2014 se han registrado 19.092 detenciones políticas en Venezuela, y que más de 11 mil personas adicionales están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Esta cifra acumulada durante más de una década evidencia la persistencia sistemática de detenciones de naturaleza política. Del universo actual de 457 presos políticos, 164 han sido condenados mientras que 293 permanecen sin sentencia, lo que refleja irregularidades profundas en los procesos judicales venezolanos.
En febrero se aprobó una ley de amnistía con vigencia de 27 años desde 1999, aunque con limitaciones significativas que restringen su aplicación a solo trece "hechos" ocurridos durante períodos específicos. Según autoridades gubernamentales, más de 9.000 personas han sido amnistiadas bajo este instrumento legal, pero Foro Penal ha denunciado que la ley se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos". Adicionalmente, familiares de presos han denunciado cobros en dólares en tribunales para entregar las notificaciones de libertad.
La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado ha reavivado las demandas de sectores opositores por la liberación inmediata de todos los detenidos políticos. María Corina Machado, líder opositora reconocida internacionalmente, exigió públicamente la liberación de todos los detenidos políticos "antes de que mueran más", condenando el fallecimiento reconocido por autoridades gubernamentales. Esta tragedia ha intensificado la presión internacional y local sobre las condiciones carcelarias y la necesidad de resolver la crisis de derechos humanos en Venezuela.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
