La privación de libertad confisca la movilidad de un ciudadano, pero jamás su condición humana. Al cruzar el umbral de un calabozo, los derechos fundamentales no se extinguen; por el contrario, la Constitución y los tratados internacionales imponen al Estado una obligación jurídica ineludible y reforzada: convertirse en el garante absoluto de la salud, la integridad física y la vida de quien se encuentra bajo su custodia. No es un acto de beneficencia, sino un mandato legal estricto que debe cumplirse sin excepciones ni pretextos administrativos.
En la Venezuela actual, la custodia estatal se ha transformado con alarmante frecuencia en una sentencia de muerte no escrita. El reciente fallecimiento de Leonardo José Figueroa en el Internado Judicial de Monagas, conocido como "La Pica", evidencia un sistema que utiliza la denegación de auxilio como extensión del castigo. Padecer cáncer tras las rejas es una tragedia; pero que las autoridades ignoren sistemáticamente las solicitudes de traslado, impidan el acceso oportuno a tratamientos médicos indispensables y bloqueen la quimioterapia requerida, desborda la negligencia administrativa ordinaria. Se trata de un crimen por omisión, una ejecución silenciosa amparada en la burocracia penitenciaria que viola los derechos más elementales.
Esta crisis humanitaria interpela directamente la conciencia de quienes operan el sistema de justicia en el país. La responsabilidad penal, institucional y moral recae sobre una cadena de mando específica: cada juez que recibió informes médicos urgentes y decidió engavetar la boleta de excarcelación; cada fiscal que asistió a audiencias, observó el deterioro físico del imputado y guardó silencio cómplice; cada autoridad penitenciaria y militar que priorizó la obediencia política antes que el cumplimiento constitucional. Estas decisiones no son abstractas ni impersonales; tienen firmas, despachos y sellos específicos que pueden ser identificados y perseguidos.
Cuando un ciudadano enfermo de gravedad bajo la tutela del Estado es abandonado a su suerte, la frontera entre la negligencia y el dolo desaparece completamente. La denegación deliberada de atención médica se convierte en un mecanismo de tortura y violación flagrante de derechos humanos que no prescribe legalmente. Los operadores del sistema judicial tienen la responsabilidad histórica de detener esta práctica que convierte las prisiones en cámaras de muerte lenta, donde la enfermedad se suma al castigo como arma institucional del Estado.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
