El Gobierno de Pedro Sánchez ha invitado a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. El anuncio lo realizó hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su gira por Latinoamérica, donde defendió que España procederá «como se actúa siempre», invitando a quien ostenta «la representación internacional de cada país». El Ejecutivo abría así la puerta a la presencia en Madrid de una de las figuras clave del chavismo, sancionada por la Unión Europea desde 2017 y considerada por amplios sectores internacionales como parte central del aparato represivo del régimen de Nicolás Maduro.
Según fuentes consultadas por ABC, esta decisión, que fue tomada en el Palacio de la Moncloa, forma parte de una estrategia que busca legitimar «una vez más» el chavismo y «blanquear el régimen de Maduro». Cuando el Congreso de los Diputados y el Senado en España, así como el Parlamento Europeo, han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, el Gobierno vuelve a apoyar a Delcy Rodríguez, de quien el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconocía hace unas semanas ser un amigo cercano.
«El Gobierno intenta a toda costa limpiar el nombre de Delcy Rodríguez. Es otra huida hacia adelante y a la desesperada. Están muy preocupados y están intentando protegerla», apunta un diplomático que conoce bien cómo funcionan la relación entre Moncloa y el actual gobierno venezolano. Desde principios de año, tras la caída de Nicolás Maduro, el Ejecutivo ha tratado de que la UE levante las sanciones que hay impuestas contra Delcy Rodríguez, sin éxito. A finales de la semana pasada, sin ir más lejos, el Parlamento Europeo rechazaba la pretensión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien el pasado mes de enero afirmaba que «si el actual gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara de que esa es la vía correcta».
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«Nicolás Maduro nunca tuvo sanciones y por lo tanto es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta, porque precisamente para mantener ese diálogo, la Unión Europea prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores», afirmó el jefe de la diplomacia española. Se da la circunstancia de que, mientras el Gobierno defiende a la líder venezolana, Sánchez y Albares continúan poniéndose de perfil con María Corina Machado y no han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
«No debería hacerse una excepción porque sería una bofetada a los que luchan por la libertad», advierten fuentes del PP
A todos estos gestos, se suma ahora la posible presencia de Delcy Rodríguez en Madrid a principios de noviembre. «No debería hacerse una excepción porque sería una bofetada a los que luchan por la libertad y la democracia en Venezuela», advierten fuentes del PP consultadas por ABC, que interpretan esta decisión como «un intento evidente de blanquear al chavismo en un foro internacional».
La decisión del Gobierno llega además en un momento especialmente delicado. Delcy Rodríguez sigue sometida a sanciones europeas que le impiden pisar territorio comunitario, un veto que el propio Albares ha intentado sin éxito levantar en Bruselas. «Estamos ante una dirigente que forma parte de la dictadura venezolana y es corresponsable de la tragedia que sufren millones de venezolanos, muchos de ellos en el exilio o privados de libertad», subrayan estas fuentes.
Figura clave
«Delcy Rodríguez no puede ser parte del futuro de Venezuela», insisten, al tiempo que advierten de que su participación en la cumbre «puede poner en peligro la asistencia de otros presidentes iberoamericanos», incómodos con compartir espacio con representantes del régimen chavista. Diseñada por el Gobierno como una gran cita diplomática para relanzar el papel de España en la región, podría así verse empañada por la presencia de Rodríguez, hasta tal punto que otros líderes como el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast o el paraguayo Santiago Peña Palacios podrían decidir no asistir si tienen que compartirla con la venezolana.
Esta cuestión reabre además el debate sobre la relación del Ejecutivo con el chavismo. «El último viaje de Delcy a España, en clara violación de las sanciones europeas, fue consentido conscientemente por Sánchez», recuerdan estas fuentes en alusión al conocido episodio de Barajas. «Una vez más, el presidente actuó ilegalmente a sabiendas», apuntan. A ello se suma la investigación judicial en curso sobre las conexiones entre la dirigente venezolana, el exministro José Luis Ábalos y el entorno del propio Sánchez: «Por mucho que el Gobierno intente proteger a su socia, la verdad terminará por saberse».
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Las fuentes consultadas insisten en que cualquier gesto hacia Caracas debería ir acompañado de exigencias claras en materia democrática. «Exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todos los presos políticos» y «un calendario electoral que devuelva cuanto antes la palabra a los venezolanos», reclaman. Estas directrices chocan frontalmente con la línea de distensión que ha adoptado el Ejecutivo español.
Para acometer esta decisión política, el Gobierno ha tenido que afinar la fórmula diplomática para cursar la invitación. Según ha podido saber este periódico, la convocatoria a Venezuela no se realizará de forma nominal a Delcy Rodríguez, sino que se dirigirá al país para que acuda «la más alta representación institucional», una fórmula que busca sortear las complicaciones legales derivadas de las sanciones europeas. Aún así, el objetivo final sigue siendo el mismo: facilitar la presencia de Delcy en Madrid, incluso recurriendo a posibles excepciones contempladas en la normativa comunitaria para reuniones internacionales.
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El procedimiento de invitación añade un elemento institucional clave. Como establece el artículo 56 de la Constitución, el Rey, al asumir la más alta representación del Estado en relaciones internacionales, es quien cursa formalmente las invitaciones a la cumbre iberoamericana a los jefes de Estado en nombre de España, aunque lo hace a petición del Gobierno. En este caso, Albares aprovechó su viaje a América Latina para entregar en mano algunas de estas cartas –como las dirigidas a México y República Dominicana–, dentro de una estrategia coordinada con Zarzuela para garantizar la máxima asistencia a la cumbre.
El Ejecutivo ha aprovechado de nuevo el engranaje institucional a favor de su política hacia Venezuela con un movimiento que, según denuncian las fuentes consultadas, «no responde a una lógica diplomática, sino a un intento reiterado de legitimar internacionalmente al chavismo».
