Durante décadas, el cangrejo azul fue uno de los productos estrella de la industria pesquera venezolana, generando miles de empleos directos e indirectos en las costas del Lago de Maracaibo. Este crustáceo, apreciado en Estados Unidos por su delicioso sabor comparable al de la langosta y su precio accesible, se convirtió en el corazón de una cadena productiva que involucraba pescadores, procesadores y exportadores. La operación llevaba más de 35 años funcionando sin mayores contratiempos, consolidándose como un negocio rentable que sustentaba a comunidades enteras dedicadas a la pesca y el procesamiento.
En enero de 2025, la industria se paralizó de manera abrupta y casi total, pero no por razones políticas o comerciales tradicionales, sino por una norma ambiental estadounidense poco conocida. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) implementó una exigencia basada en la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos (MMPA) de 1972, que requiere que todos los exportadores de productos pesqueros se certifiquen según criterios de sostenibilidad marina. Venezuela no presentó la solicitud de evaluación en el plazo requerido, quedando incluida en una lista de 12 países vetados para exportar productos del mar a territorio estadounidense a partir de agosto de 2025.
Las consecuencias fueron devastadoras para miles de trabajadores y empresas del sector. Antes del cierre, aproximadamente 20 plantas procesadoras operaban en toda Venezuela, empleando a decenas de miles de personas entre pescadores, procesadores, transportistas y personal administrativo. En enero, solo dos plantas permanecían abiertas en las costas de San Francisco, en el Lago de Maracaibo, reflejando el colapso casi total de la actividad. Según testimonios recogidos por reporteros de campo, muchos trabajadores quedaron desempleados de la noche a la mañana, sin perspectivas claras de reubicación laboral en otras industrias.
Ahora la industria enfrenta un futuro incierto mientras busca desesperadamente alternativas. Los productores venezolanos estudian la posibilidad de certificarse ante la NOAA para recuperar acceso al mercado estadounidense, aunque el proceso administrativo y los costos asociados representan un obstáculo considerable. Simultáneamente, exploran nuevos mercados internacionales para colocar su producción, aunque ninguno ofrece los volúmenes y márgenes de ganancia que generaba el comercio con Estados Unidos. La paralización ha demostrado cómo regulaciones ambientales internacionales, aunque bien intencionadas, pueden tener impactos económicos y sociales inesperados en comunidades dependientes de recursos naturales.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
