Lapatilla septiembre 19 2026, 9:05 amPosteado en: Destacados, Nacionales, OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn La censura en Venezuela ya no depende solo del Estado: las operadoras de telecomunicaciones deciden qué medios bloquear. (La Patilla) El pasado jueves 17 de septiembre ocurrió un hecho inusual en la dinámica comunicacional venezolana. Tras años de opacidad y medidas arbitrarias, se emitió una instrucción pública y oficial para levantar el bloqueo que pesaba sobre diversos medios de comunicación digitales en el país. El anuncio, respaldado por las autoridades y transmitido de forma abierta, debía marcar el fin de una política de Estado basada en el estrangulamiento informativo. Sin embargo, lo que debió ser una restitución de derechos se ha convertido en la prueba definitiva de una realidad mucho más oscura y perturbadora: la censura en Venezuela ya no necesita la firma del gobierno, porque ha sido privatizada. lapatilla.com Suscríbete al newsletter más leído de Venezuela y entérate primero A los pocos días del anuncio, portales hermanos comenzaron a registrar tráfico libre de restricciones. Los usuarios pudieron acceder a ciertas webs informativas utilizando conexiones de Cantv, Movistar, Digitel, Inter y NetUno sin necesidad de recurrir a redes privadas virtuales (VPN). Pero esa normalización fue quirúrgica, calculada y, sobre todo, discriminatoria. Para La Patilla, así como para un grupo específico de medios de investigación y opinión crítica, la pantalla sigue arrojando el mismo mensaje de error. El candado sigue puesto. Durante más de una década, las empresas proveedoras de servicios de internet en Venezuela mantuvieron una postura de supuesta neutralidad que les resultaba sumamente rentable y cómoda. Su defensa ante la opinión pública y ante las organizaciones internacionales de derechos humanos fue siempre la misma: argumentaban que su infraestructura era un simple conducto y que, como empresas reguladas, estaban obligadas legalmente a acatar las instrucciones emitidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Bajo este paraguas de obediencia debida, estas corporaciones se lavaron las manos. Ejecutaron el bloqueo de cientos de dominios, alteraron los servidores DNS, filtraron paquetes de datos y aislaron a la población, escudándose en que no tenían otra opción. Eran, según su propia narrativa, rehenes de la burocracia estatal. Fotografía de la fachada de la sede principal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) este jueves en Caracas (Venezuela). La delegación opositora que dialoga con el chavismo saludó el levantamiento de las restricciones a varios sitios web de medios de comunicación que permanecieron bloqueados por años en Venezuela e instó a que la medida aplique para todos. EFE/ Miguel Gutierrez Esa coartada ya no existe. El mandato público de flexibilización y desbloqueo anuló por completo la excusa del “acatamiento regulatorio”. Si el Ejecutivo ha ordenado de manera pública y notoria que se levanten las restricciones, y las operadoras de telecomunicaciones deciden mantener el bloqueo de manera selectiva contra dominios específicos, la cadena de responsabilidad cambia drásticamente. Al no existir una orden oficial, pública y auditable que obligue a mantener a La Patilla fuera de línea, la permanencia de este veto informático tiene un solo responsable: la empresa que le provee el servicio de internet. VE sin Filtro Estamos frente a una mutación gravísima del ecosistema de la información. Las operadoras de telecomunicaciones han abandonado su rol de proveedores de infraestructura tecnológica para
Fuente: La Patilla — Ver nota original
