Un grupo de diputados de la oposición venezolana denunció el martes que la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida hace diez meses pero notificada el jueves pasado, evidencia un sistema de justicia que no genera confianza y refleja el deterioro institucional del país. Stalin González, jefe del grupo parlamentario Libertad, señaló que la muerte del recluso, quien estuvo confinado en la cárcel El Rodeo I a unos 30 kilómetros de Caracas, "es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos". La fracción parlamentaria, que también integra al dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, respaldó los pedidos de una investigación seria y transparente realizados por organizaciones de la sociedad civil.
Según los reportes oficiales, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero Navas tras 16 meses de denuncias presentadas por su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición del detenido. El comunicado estatal indicó que Quero permanecía recluido desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año por hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo, falleciendo casi diez días después por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. La demora de diez meses en informar sobre su muerte generó críticas masivas de decenas de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y activistas que cuestionaron la transparencia estatal.
Los diputados opositores aprovecharon el caso para plantear la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial venezolano que vaya más allá del debate actual sobre la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. González enfatizó que la reforma debe abarcar no solo el número de magistrados, sino también fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces, insistiendo en la necesidad de discutir el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela. Esta posición busca ampliar el debate sobre las reformas institucionales necesarias en el país.
La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció el inicio de una investigación penal sobre el caso, medida que cuenta con el aval del Parlamento. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales exigieron que la investigación sea independiente y cuente con asistencia internacional para garantizar su imparcialidad. Paralelamente, la Asamblea Nacional con mayoría chavista aprobó el martes la reforma al Tribunal Supremo de Justicia, ampliando de 20 a 32 magistrados, en un nuevo proceso para designar jueces y cubrir vacantes.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
