Las desapariciones forzadas en Venezuela experimentaron un incremento alarmante del 196% durante 2025 en comparación con el año anterior, de acuerdo con el informe anual presentado por la organización no gubernamental Provea. Según Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de la ONG, se registraron 160 víctimas de desaparición forzada en 2025, frente a solo 54 casos documentados en 2024. Estos secuestros estatales se caracterizaron por duraciones prolongadas, con algunas víctimas permaneciendo desaparecidas durante más de 100 días, lo que refleja la gravedad de la situación de derechos humanos en el país.
La represión estatal se extendió a múltiples sectores de la población venezolana. La organización documentó que más de 130 dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente en 2025, siendo muchos de ellos sometidos a desaparición forzada como método de represión contra la organización laboral. Paralelamente, Provea registró 336 personas asesinadas por fuerzas policiales y militares durante el mismo período, de las cuales el 54% tenían edades comprendidas entre 18 y 30 años. De manera preocupante, el Ministerio Público bajo la dirección de Tarek William Saab no investigó ninguna de estas muertes, perpetuando así la impunidad sistemática.
Los números acumulados desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro en 2013 revelan una tragedia humanitaria de proporciones considerables. Provea ha documentado un total de 10.853 personas asesinadas por agentes del Estado venezolano a lo largo de los últimos años. Además de los homicidios, la ONG registró 659 denuncias de violaciones a la integridad personal durante 2025, incluyendo torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, con al menos 42 víctimas confirmadas de tortura. Estas cifras demuestran un patrón sistemático de violencia estatal.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, caracterizó el año 2025 como testigo de "prácticamente la liquidación del Estado de derecho" tras un 2024 marcado por un "apagón democrático". Según el dirigente, Venezuela enfrentó una crisis de derechos humanos sin precedentes en su historia reciente, con ausencia total de políticas públicas orientadas a restaurar el daño causado a las víctimas. Murillo enfatizó que el aparato represivo del Estado permanece intacto en 2026, el marco normativo que lo sustenta sigue vigente, y las víctimas de graves violaciones de derechos humanos carecen de garantías reales de verdad, justicia y reparación, lo que impide cualquier proceso real de estabilización nacional.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
