Un proceso judicial de seis años concluyó con la condena de siete de ocho acusados por presuntamente planificar el secuestro de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia de Venezuela. La sentencia emitida por la jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli en el Palacio de Justicia de Monagas ha reabierto el debate sobre la consistencia de las pruebas y las irregularidades procedimentales del caso. Los condenados fueron sentenciados por tráfico ilícito de armas, asociación para delinquir y organización de cuerpos armados, en un juicio que se desarrolló durante más de media década desde las detenciones iniciales.
La acusación del Ministerio Público sostuvo que nueve personas coordinaron el secuestro de Cabello para entregarlo a Estados Unidos y cobrar una recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico. Este argumento transformó el caso en un expediente más complejo, insertándolo dentro de la narrativa oficial sobre supuestas conspiraciones externas contra figuras clave del chavismo. En ese momento, Cabello desempeñaba cargos importantes como diputado constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, consolidándolo como una de las voces más influyentes del poder oficial.
Las dudas sobre la solidez de las pruebas han sido determinantes en la reacción de familiares de los condenados. La investigación se basó en un mensaje de WhatsApp recibido por Luis Eduardo Villarroel Caña, quien finalmente fue absuelto, en el que alguien ofrecía "personal estratégico y armamento" para capturar a Cabello. Este único mensaje fue considerado suficiente por la fiscal Ingris Dioselina Bermúdez para calificar el caso como un "ataque terrorista" y ordenar las detenciones. Los funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional realizaron registros y confiscaron dispositivos móviles en busca de pruebas adicionales.
Tras conocerse la sentencia, los familiares de los detenidos han manifestado su total rechazo a la medida judicial. Irianny Lezama declaró a medios locales que las madres de los enjuiciados se declararán "en huelga de hambre" si no se rectifica la condena. La movilización de los allegados de los condenados evidencia la gravedad de las acusaciones de irregularidades en el proceso, cuestionando la integridad del sistema judicial y la validez de un fallo fundamentado en pruebas que múltiples sectores consideran débiles e insuficientes.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
