La historia política de Venezuela tiende a repetirse. Hace 22 años, Hugo Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para ampliar el número de magistrados de 20 a 32, buscando asegurar una mayoría afín a su gobierno en una institución clave para el control del poder. Tras un cambio realizado en 2022 que redujo nuevamente la cantidad a veinte magistrados, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve ahora una nueva modificación para volver a los 32 miembros, consolidando la mayoría chavista en el máximo tribunal del país.
El antecedente más directo se remonta al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez de Miraflores durante 48 horas. Tras su regreso al poder, el TSJ dictaminó en agosto de ese año, con una votación de 11 a 9, que los hechos constituían un "vacío de poder" y no una rebelión, lo que exoneraba a los jefes militares involucrados de ser procesados. La decisión enfureció a Chávez, quien calificó a los magistrados votantes como "inmorales". Esta fue la justificación que utilizó el líder revolucionario para promover la reforma que expandió el número de curules, asegurando que futuras decisiones favorecerían sus intereses políticos.
En 2022, el gobierno chavista decidió contraer el TSJ de 32 a 20 magistrados bajo el argumento de "fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia". Sin embargo, el resultado fue un máximo juzgado alineado con Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, según denunciaron actores políticos y organizaciones civiles. Varios de los jueces designados tenían vínculos directos con la pareja presidencial, incluyendo a los presidentes de las salas Social y Penal, quienes poseían relaciones familiares con Flores. Esta composición permitió que el tribunal validara los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
La propuesta de Delcy Rodríguez de volver a los 32 magistrados busca perpetuar el control político sobre la institución judicial, replicando el modelo que Chávez implementó hace dos décadas. Esta estrategia evidencia cómo el gobierno intenta blindar la mayoría chavista mediante la manipulación del número de curules en momentos de presión política. El patrón repetitivo de reformas al TSJ demuestra que ambos líderes han utilizado los cambios institucionales como herramienta fundamental para mantener su dominio sobre el poder judicial y garantizar decisiones favorables a sus intereses políticos.
Fuente: Infobae — Ver nota original
