La Defensoría del Pueblo, encabezada por Eglée González Lobato, expresó su compromiso este viernes para revisar cada caso pendiente de los trabajadores detenidos por la causa denominada «Pdvsa Obrero». Según un comité de familiares, aún permanecen encarcelados 76 trabajadores de los 153 detenidos desde el año pasado. Entre los reclusos hay tres mujeres y 15 militares que laboraban dentro o en las adyacencias de instalaciones petroleras. González Lobato recibió en días pasados a familiares de presos políticos por este caso, manifestando que la Defensoría mantiene sus puertas abiertas para acompañar a las familias en cada paso del camino.
La defensora del pueblo valoró positivamente las excarcelaciones de 21 trabajadores de Pdvsa Amuay, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de Yare II, considerándolas un paso significativo en la materia. Durante la reunión con los familiares, se expuso la situación de los trabajadores de Pdvsa en los estados Anzoátegui, Falcón, La Guaira y Caracas que permanecen privados de libertad. González Lobato aseguró que su labor institucional no se detiene y seguirá activando todos los mecanismos disponibles para evaluar cada caso pendiente de manera exhaustiva.
La funcionaria también señaló que las 300 excarcelaciones por «medida humanitaria», anunciadas recientemente por Jorge Rodríguez, refuerzan la ruta del diálogo institucional y motivan a la Defensoría del Pueblo a seguir avanzando con mayor firmeza en la defensa de los derechos de los reclusos. Estas medidas representan un avance en el reconocimiento de las garantías procesales y el respeto a los derechos humanos de los trabajadores petroleros detenidos.
El Comité por la Libertad de los Trabajadores de Pdvsa mantiene un registro de los casos pendientes, destacando que entre los 76 encarcelados se encuentran trabajadores de distintas categorías laborales, incluyendo militares adscritos a instalaciones petroleras. La intervención de la Defensoría del Pueblo constituye un esfuerzo institucional por garantizar que cada caso sea evaluado conforme a los procedimientos legales establecidos y que los derechos fundamentales de los detenidos sean respetados.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
