Lapatilla julio 21 2026, 8:29 amPosteado en: OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn El Estado venezolano del presente atraviesa una situación excepcional. Decisiones fundamentales de su vida política dependen, en buena medida, de factores externos. Esa realidad obliga a replantear una pregunta de fondo: ¿qué significa realmente que un Estado sea soberano? El proceso político que ahora comienza ofrece una oportunidad para responder esa pregunta desde una perspectiva institucional. El anuncio formulado por Dinorah Figuera sobre el inicio de una agenda conjunta para promover la estabilidad, la recuperación nacional y la democracia constituye un hecho político significativo. No solo porque reconoce la necesidad de restablecer las garantías para la participación política y fortalecer el orden constitucional, sino porque abre un espacio para discutir una cuestión de mayor alcance: la reconstrucción del Estado venezolano como condición para el pleno ejercicio de la soberanía nacional. Suscríbete aquí para hacerle seguimiento diario al rescate de Venezuela tras los sismos También resulta relevante el cambio de posición de Jorge Rodríguez. Hace apenas unos días sostenía que no era el momento de hablar de elecciones ni de modificaciones en el Tribunal Supremo de Justicia. Poco después aceptó incorporarse a una agenda orientada al fortalecimiento de la democracia, del sistema electoral y del Estado de derecho. Ese cambio no es un detalle menor: refleja una alteración sustancial del escenario político. Difícilmente ese giro pueda explicarse como una simple rectificación personal. Más bien pone de manifiesto hasta qué punto el proceso político venezolano se encuentra hoy condicionado por los Estados Unidos. La influencia que hoy ejercen los Estados Unidos sobre decisiones fundamentales del país no obedece únicamente a su poder. Refleja —sobre todo— el progresivo deterioro del Estado venezolano, el debilitamiento de sus instituciones y la vocación autoritaria de quienes ejercen el poder político en Venezuela. Durante años buena parte de esas decisiones estuvieron condicionadas por la influencia del régimen cubano. Hoy muchas dependen de la posición asumida por los Estados Unidos. Ambos fenómenos —aunque diferentes en su naturaleza y características— evidencian una misma debilidad: la incapacidad de las instituciones venezolanas para decidir por sí mismas el destino nacional. Ese diagnóstico pone de manifiesto que el verdadero desafío no consiste en denunciar la influencia extranjera, sino en reconstruir un Estado capaz de hacerla innecesaria. Solo instituciones independientes y eficaces podrán sostener la democracia sin depender permanentemente del respaldo de otros gobiernos. El respaldo internacional puede facilitar una transición política. Pero no puede sustituir la legitimidad democrática ni la capacidad de decisión de un Estado soberano. El éxito del proceso no deberá medirse únicamente por el cambio de quienes ejercen el poder, sino por su capacidad para restablecer el Estado de derecho, rescatar la confianza ciudadana y devolver a los venezolanos el pleno ejercicio de su soberanía. La transición política no constituye un fin en sí misma; constituye un medio para recuperar la República. Para alcanzar ese objetivo, es necesario promover un Pacto Republicano, el cual debería descansar, al menos, sobre los siguientes compromisos fundamentales. El primero consiste en revocar la reciente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia propuesta por el chavismo. No está en discusión el número de magistrados, sino el control político del máximo tribunal. En 2022 se justif
Fuente: La Patilla — Ver nota original
