La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de una disparidad significativa en las cifras sobre la liberación de presos políticos en Venezuela, tras la promulgación de una ley de amnistía en febrero. Mientras el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez sostiene que más de 8.000 personas han sido beneficiadas, la sociedad civil reporta una realidad muy diferente: apenas 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según detalló el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un informe presentado ante el Consejo Permanente de la OEA.
En su denuncia, Ralón Orellana cuestionó el alcance real de las liberaciones al señalar que los beneficiados por la amnistía enfrentan restricciones severas que contradicen el concepto de libertad. "Prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad: es libertad vigilada", afirmó el relator especial para personas privadas de libertad, evidenciando que muchos excarcelados continúan bajo vigilancia del Estado.
La CIDH también criticó aspectos legales de la amnistía, particularmente la "cláusula residual del artículo 9" que excluye acciones vinculadas a actores extranjeros, introduciendo una categoría abierta de delitos aplicable contra opositores políticos. Además, advirtió sobre la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas, lo que "compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas". Los críticos señalan que los tribunales y la fiscalía encargados de aplicar la amnistía son las mismas instituciones que han sostenido las detenciones arbitrarias.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, continúa monitoreando la situación venezolana aunque sin acceso físico al país. Desde 2017 ha solicitado reiteradamente ingresar a Venezuela para revisar el sistema carcelario, solicitudes que han sido rechazadas. El Consejo Permanente también exigió una lista oficial de presos liberados, mientras que la presidenta Rodríguez argumentó que algunos beneficiados estarían "planificando el conflicto".
Fuente: Infobae — Ver nota original
