El gobierno venezolano reconoció este jueves la muerte en prisión de Víctor Hugo Quero, un vendedor informal que desapareció en manos de agentes revolucionarios a comienzos de 2025. Quero, de 51 años, fue acusado de terrorismo y traición a la patria, cargos sistemáticamente aplicados a la mayoría de detenidos en Venezuela desde el megafraude electoral de 2024. Su madre, María Teresa Navas, se convirtió en rostro de la lucha por encontrarlo, recorriendo durante meses cárceles, centros de detención y tribunales sin obtener respuestas oficiales sobre su paradero.
Según el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Quero fue trasladado el 15 de julio al Hospital Militar Carlos Arvelo tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Tras diez días bajo atención médica, falleció por insuficiencia respiratoria y tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, el comunicado gubernamental fue inhumado el 30 de julio "ante ausencia de sus familiares", justificación que contradice la búsqueda incansable de su madre durante los 16 meses de desaparición forzada.
María Teresa Navas mantuvo una campaña desesperada por encontrar a su hijo incluso después de aprobada la Ley de Amnistía en febrero, llegando a desmayarse mientras informaba públicamente sobre la tragedia familiar. El caso experimentó un giro cuando la nueva Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió a la madre y ordenó el inicio de una investigación. Meses atrás, la organización Foro Penal había revelado que Quero desapareció de los registros de los centros de reclusión, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares tanto a Quero como a su madre por riesgo inminente para sus vidas.
El caso de Quero representa un ejemplo más de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, donde la falta de transparencia en la detención de civiles y la aparición de víctimas fallecidas meses después continúan generando denuncias internacionales. La prisión del Rodeo 1, donde fue encarcelado Quero, es considerada el mayor centro de torturas de América Latina bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
