La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) formalizó ante la Asamblea Nacional y el Ejecutivo una serie de propuestas legislativas estratégicas orientadas a modernizar el marco jurídico del sector inmobiliario. Según Pablo González Travieso, presidente de la institución, la revisión de las leyes de Arrendamiento, Estafa Inmobiliaria y del Deudor Hipotecario resulta fundamental para recuperar la confianza del mercado y dinamizar la inversión nacional. El gremio enfatiza que uno de los puntos críticos radica en la necesidad de agilizar los procesos administrativos y legales, actualmente afectados por retrasos excesivos que impiden la resolución oportuna de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
González Travieso señaló que un trámite ante la Superintendencia Nacional de Vivienda puede demorar entre dos y tres años, situación que ha deteriorado significativamente el funcionamiento del mercado inmobiliario. La propuesta busca rescatar el valor del principio de la propiedad privada, considerando que existen aproximadamente 20 mil medidas de desalojo paralizadas desde 2015, generando un clima de desconfianza generalizada. Además, la Cámara aboga por la libertad de las partes para contratar y establecer precios libremente, bajo la premisa de que el ente regulador debe dirimir conflictos en lugar de imponer condiciones restrictivas que limiten el funcionamiento del mercado.
La reactivación del sector construcción e inmobiliario tiene el potencial de aportar un 8% al Producto Interno Bruto nacional y generar empleo masivo. González Travieso destacó que existe capital venezolano listo para invertir en el país si se garantizan las condiciones jurídicas adecuadas, y que la reforma de la Ley de Estafa Inmobiliaria permitiría a los constructores retomar la producción de viviendas. El gremio valora positivamente los anuncios sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela y el uso de fondos provenientes de la venta petrolera para culminar urbanismos pendientes, acciones que contribuirían a paliar la crisis habitacional y estabilizar los precios mediante mayor oferta.
Respecto al retorno de los créditos hipotecarios a largo plazo, el representante de la Cámara Inmobiliaria visualiza un escenario de mediano plazo, estimando entre tres a cinco años para su consolidación. Este proceso dependerá de una reestructuración macroeconómica que permita que las garantías mantengan su valor en el tiempo y de una recapitalización integral del sistema bancario nacional. La modernización del marco legal inmobiliario se presenta como condición fundamental para crear el entorno de confianza y certidumbre jurídica que el sector requiere para impulsar el crecimiento económico del país.
Fuente: El Universal — Ver nota original
