Yendri Velásquez, activista venezolano de 33 años, continúa reclamando celeridad en las investigaciones y garantías de justicia tras el brutal atentado que sufrió el 13 de octubre de 2025 en Bogotá. Junto a su colega, el politólogo Luis Peche, fue baleado por tres sicarios cuando salían de su residencia en el norte de la capital colombiana. Más de seis meses después del ataque, que casi les cuesta la vida, Velásquez permanece en el exilio en un tercer país que prefiere no revelar, desde donde concede esta entrevista por videollamada.
El incidente generó alarma entre los numerosos perseguidos políticos por el régimen de Nicolás Maduro que han encontrado refugio en Colombia, principal destino de la diáspora venezolana con aproximadamente tres millones de ciudadanos en su territorio. Velásquez se desempeñaba como gerente de campañas de Amnistía Internacional Venezuela en Colombia, posición a la que llegó tras huir del país hace más de un año. Previamente había sido detenido y desaparecido forzadamente por el régimen chavista cuando se preparaba para viajar a Ginebra como fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.
A pesar de haber cerrado su proceso médico antes de partir al exilio, Velásquez convive con secuelas físicas significativas. Uno de los disparos le fracturó el húmero, dejándole el brazo deformado y afectando la recuperación nerviosa, impidiéndole cerrar completamente el dedo meñique y realizar movimientos con fuerza. Otra bala le fracturó la cadera derecha, por lo que fue necesario implantar una prótesis y reaprender a caminar. Un tercer impacto perforó su vejiga, órgano que quedó reducido en tamaño tras la intervención quirúrgica.
Más allá de las lesiones físicas, Velásquez reconoce que las secuelas psicológicas del atentado permanecen. El miedo y el terror experimentado ese día constituyen heridas emocionales que dice jamás podrá superar completamente. Sin embargo, expresa su determinación de continuar con su vida y mantiene su compromiso con la denuncia de violaciones de derechos humanos, evidenciando que el régimen continúa persiguiendo a activistas incluso fuera de las fronteras nacionales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
