Este martes, 6 de octubre, mientras Acceso a la Justicia presentaba su informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió extender por dos años más el mandato de la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado para DD. HH. sobre Venezuela. Caracas. “La justicia instrumentalizada como herramienta de poder y no de garantía de derechos bloquea la lucha anticorrupción, debilita los derechos humanos y elimina los contrapesos democráticos”, concluye la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, en su informe anual. El estudio titulado Justicia aplazada en Venezuela, reveló que durante el año 2025 se consolidó una década de deterioro continuo en el Estado de derecho, lo cual mantuvo al país en los puestos más bajos de los índices internacionales de institucionalidad y respeto a las garantías fundamentales. Durante la presentación del documento, este martes, 6 de octubre, el codirector de la organización, Alí Daniels, advirtió sobre la profundidad de la crisis estructural que atraviesa el país, señalando que los problemas socioeconómicos y la represión sistémica responden a una ruptura institucional profunda que va más allá de factores coyunturales como las sanciones internacionales. El Estado de derecho De acuerdo con el informe, que toma como referencia métricas globales como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), Venezuela ocupó en 2025 el último lugar a nivel mundial por décima vez consecutiva. El puntaje general del país descendió de 0,31, en 2015, a 0,26 en 2025, ubicándose de forma muy distante de los promedios globales y regionales. El estudio destaca que el sector más afectado es la justicia penal, cuyo puntaje se desplomó hasta 0,11, lo cual evidencia fallas críticas en materia de independencia judicial, corrupción, debido proceso y condiciones penitenciarias. Al respecto, el informe subraya que la justicia ha sido instrumentalizada como un mecanismo de poder y control político en lugar de c
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