La política migratoria de Donald Trump y el despliegue de operativos del ICE han alterado la vida cotidiana de los migrantes venezolanos con distintos estatus migratorios en Estados Unidos, lo que los ha llevado a reducir sus actividades, cambiar sus trabajos y limitar sus desplazamientos. Las decisiones antimigrantes también impactan negativa y directamente en la economía norteamericana Luna Perdomo | Roison Figuera En las calles de Florida, Colorado, Minnesota o Texas, la sombra de las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sumido a los venezolanos en una suerte de clandestinidad obligada dentro de los Estados Unidos. La promesa electoral del presidente Donald Trump de implementar «la operación de deportación más grande en la historia» de ese país dejó de ser una retórica de campaña para materializarse en patrullajes encubiertos, alcabalas improvisadas en semáforos, suspensión de protecciones temporales y una constante estigmatización que no distingue entre el estatus migratorio formal, la búsqueda de asilo o la permanencia irregular. El despliegue institucional se ha intensificado de forma progresiva. Tras los primeros operativos ejecutados en enero de 2025 en las llamadas «ciudades santuario», como Miami, Nueva York, Atlanta, Denver y Washington D.C., la estrategia federal escaló con intervenciones masivas como la Operación Metro Surge en Minnesota. A esto se ha sumado la articulación con los cuerpos policiales locales a través del programa 287(g), permitiendo que detenciones por faltas menores de tránsito o revisiones rutinarias de licencias deriven inmediatamente en custodias con fines de deportación. En medio de esta redada permanente, los venezolanos han pasado de huir del colapso socioeconómico y político de Venezuela a resistir atrincherados en sus hogares en suelo norteamericano. Para muchos, el retorno tampoco es una opción viable: la pérdida de patrimonios tras el doble terremoto que estremeció al país, la falta de redes de apoyo en el territorio nacional o el empobrecimiento estructural que los expulsó originalmente convierten la deportación en la condena definitiva de perderlo todo por segunda vez. Kelvi Zambrano, abogado-director de la ONG Migration in Action, explica a TalCual que la situación contra los migrantes en EEUU «no solamente es con los venezolanos, sino con la comunidad migrante en general» en distintas ciudades del país. Recuerda que Trump prometió a sus electores que deportaría por día a 1.500 personas y destaca que la cuota «ha aumentado a 2.500 (diariamente)». Un estudio del Economist/YouGov Tracker de inicios del mes de septiembre encontró que el apoyo a las políticas migratorias del mandatario estadounidense siguen a la baja, con 40% de aprobación y 53% de desaprobación. Concluyeron que «los votantes estadounidenses quieren un balance entre las leyes sin los excesos de esta administración». *Lea también: Redadas de ICE y trabas al asilo ponen en jaque a venezolanos en el Doral A sus más de 50 años, una venezolana, oriunda de La Guaira, solicita mantener en estricto resguardo su identidad por temor a la persecución. Conocía bien Estados Unidos mucho antes de que la crisis venezolana se profundizara, viajaba con frecuencia, ingresaba de manera legal y contemplaba ese país como el epicentro de la libertad, las oportunidades académicas para sus hijas y el punto de reencuentro con sus afectos. Sin embargo, cuando la debacle de los servicios públicos, la falta constante de agua, luz y la desbordada inseguridad en el país hicieron insostenible la cotidianidad, decidió asentarse junto a su familia en Wellington, en el condado de West Palm Beach, Florida. Hoy, la tranquilidad de aquel entorno residencial se ha diluido en un estado de alerta continuo. Tras ingresar con Estatus de Protección Temporal (TPS), la familia emprendió la solicitud de una visa de habilidades extraordinarias impulsada por la carrera de su hija, de quien ella e
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