La política migratoria de Donald Trump y el despliegue de operativos del ICE han alterado la vida cotidiana de los migrantes venezolanos con distintos estatus migratorios en Estados Unidos, lo que los ha llevado a reducir sus actividades, cambiar sus trabajos y limitar sus desplazamientos. Las decisiones antimigrantes también impactan negativa y directamente en la economía norteamericana Luna Perdomo | Roison Figuera En las calles de Florida, Colorado, Minnesota o Texas, la sombra de las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sumido a los venezolanos en una suerte de clandestinidad obligada dentro de los Estados Unidos. La promesa electoral del presidente Donald Trump de implementar «la operación de deportación más grande en la historia» de ese país dejó de ser una retórica de campaña para materializarse en patrullajes encubiertos, alcabalas improvisadas en semáforos, suspensión de protecciones temporales y una constante estigmatización que no distingue entre el estatus migratorio formal, la búsqueda de asilo o la permanencia irregular. El despliegue institucional se ha intensificado de forma progresiva. Tras los primeros operativos ejecutados en enero de 2025 en las llamadas «ciudades santuario», como Miami, Nueva York, Atlanta, Denver y Washington D.C., la estrategia federal escaló con intervenciones masivas como la Operación Metro Surge en Minnesota. A esto se ha sumado la articulación con los cuerpos policiales locales a través del programa 287(g), permitiendo que detenciones por faltas menores de tránsito o revisiones rutinarias de licencias deriven inmediatamente en custodias con fines de deportación. En medio de esta redada permanente, los venezolanos han pasado de huir del colapso socioeconómico y político de Venezuela a resistir atrincherados en sus hogares en suelo norteamericano. Para muchos, el retorno tampoco es una opción viable: la pérdida de patrimonios tras el doble terremoto que
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