Transparencia Venezuela reportó que los bienes identificados en investigaciones internacionales vinculadas a redes de corrupción originadas en Venezuela superan los 3.900 millones de dólares, según un informe divulgado recientemente. Entre 2009 y abril de 2026, se rastrearon al menos 719 bienes relacionados con 48 casos de presunta corrupción investigados en 21 países diferentes. Este hallazgo representa un panorama preocupante sobre la magnitud de los recursos desviados a través de esquemas ilícitos en el país caribeño durante más de una década.
De acuerdo con el análisis de la organización, 287 de esos activos ya fueron decomisados por autoridades internacionales, mientras que otros 432 permanecen congelados o en procesos judiciales de confiscación. El impacto económico total de los bienes bajo control judicial o administrativo alcanza los 3.994 millones de dólares, distribuidos entre más de 1.314 millones en activos ya decomisados y 2.679 millones en bienes asegurados o congelados. Estados Unidos concentra la mayor cantidad de decomisos, principalmente debido a investigaciones relacionadas con tramas de corrupción vinculadas a la empresa estatal PDVSA.
Los bienes confiscados están dispersos en múltiples jurisdicciones internacionales. Además de Estados Unidos, se han localizado activos en España, Suiza, Italia, Colombia, Argentina, Panamá, Reino Unido, Francia y otros países. Entre las personas mencionadas con mayor cantidad de activos confiscados figura el extesorero nacional Alejandro Andrade Cedeño, con 87 bienes decomisados por autoridades estadounidenses. Asimismo, el documento destaca el caso de María Lila Bravo de Rincón, vinculada a propiedades aseguradas en territorio español.
Trasparencia Venezuela propuso la creación de un fondo independiente destinado a custodiar y administrar los activos recuperados de la corrupción. El objetivo de esta iniciativa es dirigir esos recursos hacia necesidades fundamentales del país, incluyendo escuelas, hospitales, servicios públicos y programas sociales. Esta propuesta busca garantizar que los bienes recuperados de redes de corrupción beneficien directamente a la población venezolana y contribuyan a la reconstrucción de instituciones públicas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
