La investigación contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que se mantenía como secreto a voces durante meses, se convirtió en una realidad esta semana al conocerse la imputación formal. El juez José Luis Calama emitió un auto detallando los indicios para acusar al exlíder socialista de presuntamente liderar "una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias". La investigación se centra en su posible implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público español, así como en la posible percepción de sobornos camuflados que no aparecerían como ingresos irregulares.
La investigación del caso Plus Ultra trasciende las fronteras españolas y comenzó cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió avisos de las autoridades suiza y francesa, que analizaban la aerolínea por su presunto uso para blanquear dinero ilícito proveniente de Venezuela. Durante estas indagaciones internacionales aparató el nombre de Zapatero como figura relevante. El juez Calama también recibió información crucial de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que demuestra el alcance multinacional de las pesquisas y la gravedad que las autoridades internacionales otorgan a este caso.
La relación cercana entre Zapatero y el régimen venezolano es de larga data. Como presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, se posicionó como uno de los líderes occidentales más cercanos a Hugo Chávez, manteniendo posteriormente vínculos fluidos con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. En meses recientes, Zapatero había destacado por actuar como mediador en negociaciones para la liberación de cientos de presos políticos del régimen. Sin embargo, estas conexiones políticas y diplomáticas ahora lo exponen al riesgo de convertirse en el primer presidente español condenado por la justicia.
Los vínculos comerciales entre España y Venezuela durante el gobierno Zapatero se remontan a 2005, cuando durante el primer viaje del presidente español a Caracas, Hugo Chávez buscaba modernizar las Fuerzas Armadas venezolanas. En esa ocasión se firmó la compra de ocho buques militares a la empresa española Navantia por más de 1.000 millones de euros, que fueron entregados durante los seis años posteriores e integrados en la flota naval venezolana. Aunque esta operación fue polémica en España por las críticas sobre las relaciones con el régimen chavista, generó un caso judicial por presuntas comisiones irregulares que finalmente fue archivado, sentando precedentes sobre la opacidad de las transacciones comerciales entre ambos países.
Fuente: Infobae America — Ver nota original
