Desde la extradición de Nicolás Maduro a principios de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta un delicado equilibrio político. Debe satisfacer las exigencias de la administración Trump en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, mientras preserva el apoyo de aliados criminales internos que han mantenido al gobierno en el poder durante años. Esta tensión define la estrategia de seguridad actual del país, donde las medidas anticorrupción conviven con la necesidad de mantener redes de poder establecidas.
La administración estadounidense ha dejado clara su expectativa de cooperación en temas de seguridad y establecimiento de un entorno favorable para negocios. Aunque el presidente Trump aún no ha exigido formalmente elecciones democráticas, su gobierno mantiene presión constante sobre el ejecutivo venezolano. En respuesta, Rodríguez ha implementado una serie de medidas de seguridad dirigidas a contener esta presión, incluyendo depuraciones políticas contra figuras vinculadas a Maduro que resultan incómodas para Washington.
Un caso emblemático es el de Alex Saab, presunto testaferro financiero de Maduro, deportado a Estados Unidos el 16 de mayo para enfrentar cargos por lavado de dinero. Saab fue capturado en Cabo Verde en 2020 y extraditado durante la primera administración Trump, pero fue liberado en 2023 tras un indulto presidencial de Joe Biden a cambio de liberar ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Su nueva deportación marca un cambio en la política del gobierno de Rodríguez, demostrando disposición a romper con el círculo cercano de Maduro y cumplir demandas estadounidenses.
Sin embargo, la verdadera capacidad de Venezuela para combatir el crimen organizado permanece cuestionable. Rodríguez debe preservar el respaldo de aliados clave dentro del gobierno, incluyendo miembros del llamado Cartel de los Soles, una red de criminales incrustada en instituciones gubernamentales. Saab fungió como operador financiero central, liderando una extensa red de corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones que abarcaba sectores críticos como la industria petrolera y minería de oro. Esta realidad sugiere que las depuraciones son selectivas, orientadas principalmente a eliminar competidores políticos o figuras incómodas internacionalmente, más que a desmantelar genuinamente las estructuras criminales que pervaden el Estado venezolano.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
