Jorge Alayeto, comerciante hispanovenezolano de 54 años, se mantiene como el preso político con más tiempo encarcelado en las cárceles chavistas desde agosto de 2017. Fue condenado en abril pasado a 30 años de prisión por los cargos de traición a la patria, rebelión militar, ataque al centinela y sustracción de efectos militares. Su caso representa uno de los ejemplos más flagrantes de arbitrariedad en el sistema judicial venezolano, donde fue juzgado basándose únicamente en una confesión grabada en video obtenida bajo tortura y el testimonio de su propio torturador.
Alayeto y su sobrino Alfonso Ochoa, quien tenía apenas 20 años en el momento de los hechos, fueron detenidos y torturados durante días en 2017 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para forzarles a confesar falsamente. Ambos fueron víctimas colaterales del asalto al Cuartel Paramacay, ejecutado por militares rebeldes comandados por el capitán Juan Carlos Caguaripano. La familia Alayeto había alquilado su discoteca en la Hacienda San Luis a los militares rebeldes sin conocimiento de sus verdaderas intenciones de derrocar a Nicolás Maduro.
Durante el juicio oral, la defensa de Alayeto fue prácticamente nula, pues su único acusador fue precisamente el agente Abel Angola, quien lo había torturado años atrás. Según relata el afectado, fue golpeado duramente, esposado y obligado a confesar bajo amenaza. A pesar de que desde la captura de Maduro el 3 de enero se han liberado a una quincena de ciudadanos españoles e hispanovenezolanos, Alayeto continúa encarcelado, encabezando una lista trágica que incluye a otros presos desde 2019 y 2020 como María Auxiliadora Delgado, Daniel Medina, Karen Hernández y Fernando Noya.
La madre de Alfonso y hermana de Jorge, Anabel Alayeto, ha denunciado públicamente que el gobierno de España no ha realizado esfuerzo alguno por la liberación de estos ciudadanos. El caso de Jorge Alayeto se ha convertido en un símbolo de las violaciones de derechos humanos cometidas por la revolución bolivariana, donde la tortura, las confesiones forzadas y la impunidad de los agresores permanecen como prácticas sistemáticas en un sistema judicial completamente corrupto y politizado.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
