El Concejo Municipal de Caracas entregó un reconocimiento a Valentín Santana, líder del colectivo armado La Piedrita, en una ceremonia presidida por la alcaldesa chavista Carmen Meléndez el pasado 13 de mayo. Este acto resulta particularmente controversial considerando que el propio Hugo Chávez ordenó la detención de Santana en febrero de 2009 tras amenazar de muerte al empresario Marcel Granier. La contradicción entre las posiciones del difunto comandante y las acciones actuales del gobierno evidencia los cambios en la relación entre las autoridades y estos grupos paramilitares a lo largo de los años.
Santana es conocido por aparecer en múltiples videos portando fusiles de guerra y declarando su disposición a defender la revolución bolivariana mediante las armas. El Frente Sergio Rodríguez, que agrupa a organizaciones del oficialismo, celebró el reconocimiento describiendo a Santana como un "líder popular y revolucionario" que lleva más de 40 años trabajando desde las bases. Sin embargo, los antecedentes de violencia y las amenazas atribuidas al personaje contrastan fuertemente con esta caracterización oficial.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado extensamente que estos colectivos han sido utilizados por las autoridades para reprimir manifestaciones de la oposición, siendo presuntamente responsables de decenas de muertes. La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas reportó que durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, grupos de civiles armados disparaban contra manifestantes sin impedimento alguno de los cuerpos de seguridad, incluso cuando estos se encontraban a metros de distancia.
La relación entre el gobierno y los colectivos ha presentado momentos de tensión a lo largo de los años. El propio Chávez llegó a tachar de "criminal" a Santana hace 17 años, manifestando sospechas de que sus actividades constituían sabotaje revolucionario. No obstante, posteriormente el líder del colectivo ha sido fotografiado sonriendo junto a ministros y altos funcionarios, demostrando la ambigüedad de una relación política que oscila entre la represión oficial y el reconocimiento institucional.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
