La vicepresidenta Delcy Rodríguez realizó una controvertida presentación ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde expuso argumentos jurídicos en defensa de la posición venezolana respecto al territorio del Esequibo. Sin embargo, su actuación generó una de las contradicciones diplomáticas más notables del conflicto: después de desplegar una extensa defensa legal durante horas y presentar más de 3.000 folios con documentación histórica, mapas y correspondencia diplomática, Rodríguez anunció que Venezuela rechazará la sentencia del tribunal internacional independientemente de su contenido.
En declaraciones posteriores a su comparecencia, Rodríguez afirmó categóricamente que "sea una sentencia que diga que el laudo fraudulento de 1899 es válido, o sea una sentencia que diga que el laudo fraudulento de 1899 es inválido, Venezuela no la va a reconocer". Esta postura implica que el gobierno venezolano asistió al proceso judicial no con la intención de acatar un fallo, sino únicamente para dejar constancia de su posición histórica respecto al territorio disputado con Guyana.
El régimen chavista ha enfatizado que el único mecanismo válido para resolver la controversia territorial es el Acuerdo de Ginebra de 1966, rechazando así cualquier competencia o jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Esta perspectiva contrasta con la realidad procesal: fue Guyana quien promovió el caso ante la CIJ en 2018 buscando validar el laudo arbitral de 1899, y en 2020 la corte determinó que sí posee jurisdicción para conocer el asunto, a pesar de la negativa expresa de Venezuela a reconocer su autoridad.
La participación de Venezuela en el proceso judicial, bajo estas condiciones, plantea interrogantes sobre la estrategia diplomática del gobierno. Al presentar argumentos extensos pero rechazar de antemano cualquier resolución desfavorable, Venezuela mantiene su postura nacionalista sin comprometerse con un proceso que, independientemente del resultado, no será reconocido. Esta aproximación refleja la tensión entre mantener una posición de principios sobre el territorio y la realidad de un litigio internacional cuyas consecuencias podrían determinar el futuro de la región.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
