España pondrá fin a partir del 12 de junio de 2026 a la vía exprés que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente en el país. El Ministerio del Interior ha formalizado esta decisión a través de un oficio interno que detalla el marco legal que sustenta el cierre de los permisos por razones humanitarias. A partir de esa fecha, no se podrán conceder ni renovar estas autorizaciones de residencia temporal, independientemente de cuándo se hubiera presentado la solicitud.
El Gobierno español vincula esta medida a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que comienza precisamente el 12 de junio. La nueva normativa comunitaria obliga a que los permisos humanitarios no se tramiten ni confundan con el asilo, el sistema de protección reservado a quienes huyen de sus países por guerras o persecución. Spain ha venido concediendo permisos de residencia humanitarios a través del mismo organismo y circuito que gestiona el asilo, algo que ya no será compatible con las nuevas reglas europeas. De esta forma, el Ejecutivo presenta el cierre como una obligación legal impuesta desde Bruselas.
Desde 2018, España ha concedido aproximadamente 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años, estos permisos han supuesto más del 95% de todas las autorizaciones por razones humanitarias concedidas en el país, alcanzando las 50.000 concesiones anuales en 2025. Lo que comenzó como una excepción justificada por la represión y deterioro de la situación en Venezuela terminó convirtiéndose en un canal estructural que contribuyó al colapso del sistema, incapaz de gestionar la avalancha de solicitudes.
Para paliar los efectos del cierre, el Ministerio de Migraciones busca fórmulas para que quienes ya no puedan acogerse a esta figura no se queden sin documentación. Los titulares de autorizaciones humanitarias anuales ya concedidas pueden solicitar su conversión a otro tipo de permiso de residencia y trabajo desde abril. Fuentes gubernamentales defienden que se trata de un cambio de forma pero no de fondo, sosteniendo que las razones humanitarias se seguirán tramitando por un nuevo cauce.
Fuente: El Pais — Ver nota original
