El líder opositor venezolano Edmundo González cuestionó este viernes la respuesta oficial del régimen ante la crisis del sistema eléctrico nacional, que reportó una demanda récord de 15.579 megavatios. A través de redes sociales, González criticó que después de casi tres décadas destruyendo lo que considera el mejor sistema eléctrico de América Latina, la solución gubernamental sea que los ciudadanos utilicen plantas privadas y reduzcan el consumo. El dirigente opositor rechazó los intentos del chavismo por normalizar una profunda crisis que padecen millones de venezolanos con apagones recurrentes.
González expresó con dureza que quienes nunca experimentaron apagones en sus hogares ahora pretenden que el país acepte una "nueva oscuridad" como parte de la realidad cotidiana. El líder enfatizó que esta normalización de la crisis representa una aceptación inaceptable de la degradación de servicios básicos que ninguna nación debería tolerar. Según su perspectiva, esta estrategia busca resignar a la población a vivir en condiciones de infraestructura colapsada sin cuestionamiento.
Según González, existen recursos venezolanos bloqueados bajo supervisión del Tesoro de Estados Unidos que podrían destinarse para recuperar la infraestructura eléctrica nacional. Sin embargo, afirmó que estos fondos están siendo utilizados para pagar servicios de defensa legal privada de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El opositor sostuvo que dinero que debería reconstruir el sistema eléctrico se desvía hacia abogados estadounidenses que defienden a quien, según su criterio, agravó la crisis energética del país.
González desestimó los argumentos del chavismo que culpan a las sanciones internacionales de la crisis energética, señalando que empresas como Siemens y General Electric ya tendrían autorizaciones para operar en Venezuela. El verdadero problema, argumentó, radica en que ninguna compañía seria firmaría contratos con gobiernos que carecen de legitimidad democrática. Concluyó afirmando que los venezolanos merecen un sistema eléctrico funcional y que los recursos públicos deben invertirse en reconstruir la infraestructura, no en pagar defensas legales privadas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
