La Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez Gómez, propone elevar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mediante una reforma parcial de su Ley Orgánica. Esta iniciativa reabre el debate sobre el impacto presupuestario del máximo tribunal, especialmente en rubros de seguridad, transporte y mantenimiento, con ahorros visibles únicamente en sueldos y pensiones.
La expansión de la Sala Plena requeriría, según estimaciones, no menos de 100 escoltas adicionales —aproximadamente cuatro por cada magistrado— y una flota cercana a 45 vehículos tipo camioneta de alta gama. Cada magistrado contaría con una unidad asignada, mientras que la Sala Constitucional tendría acceso a siete vehículos extras, sin incluir los destinados a la presidencia del tribunal. Este esquema contradice la narrativa de ahorro presupuestario, ya que concentra incrementos en operaciones y seguridad.
La reforma redistribuye magistrados entre las cinco salas principales: Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral pasarían de tres a cinco integrantes cada una, mientras que la Sala Constitucional aumentaría a siete. Los diputados incorporaron magistrados suplentes para cubrir vacantes temporales, pero omitieron respetar la adscripción específica por sala establecida en normativas anteriores, generando cuestionamientos sobre seguridad jurídica y arbitrariedad en la reubicación de funcionarios.
Más allá del personal de seguridad y la flota vehicular, los gastos se ampliarían significativamente con mantenimiento, combustible, armamento y dotación de escoltas, además de costos logísticos como alimentación y servicios. Este escenario adquiere una dimensión política al recordar que la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez cuestionó públicamente hace años el costo de mantener 32 magistrados, cifra a la que ahora regresa la reforma.
Fuente: Infobae — Ver nota original
