El gobierno venezolano confirmó el jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, comerciante de 51 años, nueve meses después de su fallecimiento ocurrido el 24 de julio de 2025. Quero fue arrestado el 3 de enero de 2025 bajo cargos de terrorismo y estuvo desaparecido durante más de un año, período en el cual su familia realizó gestiones infructuosas para obtener información sobre su paradero. El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que murió por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar tras ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo.
Según el comunicado oficial, Quero fue hospitalizado después de presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo, sin embargo, las autoridades penitenciarias alegaron que el detenido "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal". Esta justificación ha sido rechazada por los defensores de derechos humanos, ya que la madre del fallecido, Carmen Navas, realizó búsquedas incesantes y no logró tener acceso a información sobre su hijo durante todo el período de detención. El silencio de las autoridades sobre la muerte de Quero refleja una pauta recurrente en el sistema penitenciario venezolano, donde muchas familias permanecen meses sin noticias de sus seres queridos detenidos.
La madre de Quero fue trasladada finalmente por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios al Parque Memorial Jardín La Puerta, cementerio ubicado en Caracas, donde fue enterrado su hijo el 30 de julio de 2025. Carmen Navas solicitó que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo, duda comprensible considerando los meses de incomunicación y la falta de transparencia del gobierno. El gobierno justificó la inhumación argumentando que ante la ausencia de familiares y al estar el detenido bajo tutela del Estado, se procedió al entierro "en cumplimiento de los protocolos de ley".
Directivos de organizaciones de derechos humanos han calificado el caso como gravísimo y expresaron profunda indignación ante el comunicado oficial. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, señaló que el mensaje del ministerio es "indignante" porque indica que Quero no había informado sobre vínculos familiares cuando su madre lo buscaba activamente y las autoridades le negaban toda información. Este caso se suma a una larga serie de desapariciones forzadas y muertes en custodia que caracterizan la situación carcelaria en Venezuela, además de que Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, lo que agravó aún más su situación de vulnerabilidad.
Fuente: DW — Ver nota original
