José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español y antiguo líder del PSOE, se encuentra inmerso en una compleja investigación judicial que ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Su imputación ha generado una enorme conmoción en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en amplios sectores de la izquierda española. La Audiencia Nacional lo señala como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, con ramificaciones que se extienden hacia Venezuela y China, según las líneas de investigación que maneja la Fiscalía Anticorrupción.
La defensa de Zapatero ha tenido acceso este lunes a miles de páginas que componen el sumario, que se desarrolló en varias fases y en diferentes tribunales con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. El material intervenido es extenso, incluyendo documentación en papel, agendas y aparatos electrónicos como discos duros, pendrives y teléfonos. El juez instructor José Luis Calama ha ordenado además recabar el contenido de correos electrónicos vinculados a Zapatero desde 2020 hasta la actualidad, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) continuará en próximas semanas analizando todo el material incautado.
La investigación, bautizada como caso Plus Ultra, centra su atención en presuntas operaciones de intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra, para obtener beneficios económicos. El juez ha considerado que existe suficientes indicios contra Zapatero para citarlo a declarar el próximo 2 de junio a las 9:00 de la mañana. Fuentes cercanas al expresidente señalan que ya se está preparando para este interrogatorio, aunque mantendrá la posibilidad de acogerse a su derecho de no contestar o responder únicamente a las preguntas que considere oportunas.
La investigación policial solicitó inicialmente ir mucho más allá, pidiendo al magistrado autorizar el registro de la vivienda de Zapatero, considerándola un centro de dirección operativa de la presunta red de tráfico de influencias que derivaría en una trama de blanqueo de capitales. Los agentes argumentaban que su domicilio era un espacio idóneo para la canalización de instrucciones estratégicas de mayor sensibilidad. Sin embargo, el juez Calama denegó esta solicitud, limitando así el alcance del registro a la oficina del expresidente.
Fuente: El Pais — Ver nota original
