Yoani Sánchez: Un código Penal para atarnos a todos

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El nuevo Código Penal cubano,  recién aprobado por la Asamblea Nacional  y que entrará en vigor en los próximos días, es un compendio detallado de los principales miedos del oficialismo. Como todo modelo autoritario, el régimen de la Isla se ve obligado a desmenuzar cada prohibición y enumerar todos los castigos, tratando de adelantarse incluso a las nuevas formas de confrontación y rechazo que puedan surgir desde la ciudadanía.

Al leer entre líneas la nueva normativa, y separando lo que hereda del anterior Código en materia de penalización de los delitos comunes, emergen los grandes pánicos que le quitan el sueño a los dirigentes cubanos. La prensa independiente, el activismo, las protestas populares al estilo de la ocurrida el pasado 11 de julio y la posibilidad de que los individuos se unan en iniciativas para revocar el sistema político económico están en el centro de los temblores que recorren la Plaza de la Revolución.

El periodismo no controlado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) se lleva una de las peores partes en esta nueva legislación, al satanizar aún más el acceso de esta prensa a fondos y recursos de organizaciones y fundaciones internacionales. En un país donde un grupo de hombres usa las arcas públicas a su antojo para sostener sus medios de propaganda ideológica, esos mismos individuos intentan cortar cualquier oxígeno financiero que permita la existencia de periódicos o revistas que incomoden al poder. Solo el PCC puede realizar el ejercicio de la difusión de contenido, bajo supervisión y con las tijeras de la censura prestas a cortar todo lo que no le beneficie.

Sin embargo, la actual vuelta de tuerca ya tenía sus antecedentes en la Ley Mordaza por la que 75 disidentes fueron a la cárcel en la Primavera Negra de 2003 y que nunca ha sido derogada. Así que puede interpretarse más como una actualización ante las nuevas realidades que del inicio de una inédita  razzia  contra el libre flujo de noticias. La popularidad creciente de los portales informativos gestionados por periodistas independientes tiene en jaque a una dictadura que durante décadas gobernó desde el secretismo y el control absoluto de la difusión informativa.

Algo similar ocurre con el artículo 120.1 del nuevo Código que penaliza a quien «ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional». Como en la Carta Magna el PCC es considerado la fuerza superior y dirigente de la sociedad, intentar cambiar eso y erigir otra alternativa resultará un delito grave, gravísimo. No obstante, ya existía una camisa de fuerza similar con la popularmente llamada «momificación constitucional» que, sin cumplir los requisitos de un referendo donde se preguntara a los electores su postura a favor o en contra de la propuesta, se impuso en 2002.

En fin, si buena parte de lo penalizado en esta legislación ya estaba vedado, de una u otra forma, en decretos, normativas y resoluciones, cabe preguntarse las razones para reforzar este veto y ampliar los castigos en el nuevo Código. Todo indica que se trata de una victoria de las fuerzas del inmovilismo; estamos ante la imagen de esos puentes que dinamitan los más retrógrados para evitar que el cambio democrático llegue desde dentro de la Isla, brote desde la gente común. Este es, en realidad, un glosario de los terrores del castrismo y de sus intentos desesperados por frenar lo que de todas formas llegará.

El Código Penal pensado para atarnos a todos apunta a que lo ha redactado un sistema hundido en la desconfianza hacia la sociedad y en el pavor al futuro. 14ymedio.com

(Foto: voa)

LINK ORIGINAL: Informe 21

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