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Vivi no está sola

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Entornointeligente.com / La pandemia puso en relieve todas las carencias que venían arrastrando las instituciones públicas secuestradas por el Partido Colorado desde hace más de 80 años. Las paraguayas y paraguayos, desesperados por salvar sus vidas y las de sus familiares, no encuentran las mínimas condiciones de atención médica que prometía garantizar la deuda millonaria que contrajo el Gobierno, mientras que las autoridades prácticamente suspendieron los derechos constitucionales de quienes salen a las calles a reclamar. Entre las víctimas del abuso de poder están Vivian, Pedro y Luis, imputados por delitos comunes tras las protestas contra la pésima gestión de Mario Abdo Benítez ante la crisis sanitaria y contra el Partido Colorado, que a través del cartismo salvó al mandatario por segunda vez de un juicio político, en medio de un juego de extorsión por parte de Honor Colorado, que gobierna de facto el país.

La Justicia los acusa de perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común y a obras construidas, y les impuso la prisión preventiva, una medida que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, debe ser el último recurso en el marco de una investigación abierta; sin embargo, las autoridades aprovecharon la costumbre abusiva del encierro en plena crisis sanitaria y con contagios masivos de Covid-19.

De acuerdo con el Anuario 2020 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el 70,8% de la población carcelaria estaba sin condena. En el caso de las mujeres se observó que poco más de 60% permanecía recluida durante las investigaciones en su contra.

Sobre el encierro de Vivian, el Consultorio Jurídico Feminista enumeró una serie de irregularidades que empezaron con la intervención fiscal a cargo de María Estefanía González, quien imputó a los jóvenes sin pruebas de su participación en la quema de Colorado Róga, y siguió con la actuación de la jueza Hilda Benítez de Vallejos.

justicia secuestrada. La magistrada ni siquiera fundamentó el supuesto peligro de fuga que debe existir para decretar la prisión preventiva y su decisión apunta a una pena anticipada. Mientras tanto están fuera de las investigaciones las denuncias de torturas por parte de los policías durante las protestas y controles diarios en las calles.

Hablamos de dos instituciones que siguen las directrices de la propia ANR, partido al que está afiliada la misma jueza que encarceló a los manifestantes y quien, al igual que la fiscala, tiene antecedentes de mal desempeño en sus funciones.

La persecución a estos jóvenes no termina siquiera con la prisión preventiva ilegal; a Vivian la quieren desarraigar y aislar enviándola a Encarnación para alejarla de sus familiares y amigos que luchan por liberarla, un castigo que la Justicia pretende exhibir como un ejemplo para los que aún están dispuestos a ejercer su libertad de expresión.

Primero la habían trasladado a la Comisaría 12 de Mujeres, sin dar aviso a su familia y abogados, una alarma que despertó la sororidad de varias organizaciones y la ciudadanía en general, pues no solo está ausente el debido proceso, tampoco hay garantías de su seguridad ante un Estado autoritario que reivindica el stronismo.

Pero este hostigamiento y hasta intento de deshumanización durante su encierro no doblegará la fuerza de Vivian, una estudiante de Arquitectura de 25 años que integra movimientos de lucha por el arancel cero y defiende los derechos estudiantiles.

La vigilia para protegerla persiste frente a la comisaría en medio de intervenciones que incluyen fragmentos de las obras de Carmen Soler y bajo la consigna de “Somos historia en movimiento”.

Estas acciones que muestran un amor por la libertad, por la justicia e igualdad son un amor que poco conoce Mario Abdo, pero que lo invoca con total cinismo en un deseo “para salvar al país y al mundo”.

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