Históricamente, Venezuela sostuvo el salario real mediante la distribución de la renta petrolera a través del gasto público, subsidios indirectos y un tipo de cambio sobrevaluado que abarataba las importaciones. Sin embargo, el colapso de la industria extractiva hace una década y su posterior recuperación parcial bajo un esquema de contención fiscal rompieron ese mecanismo de distribución. Aunque la producción de crudo ha mostrado recuperaciones moderadas mediante licencias y empresas mixtas, las divisas generadas por el sector petrolero se destinan prioritariamente a mantener la estabilidad cambiaria, cubrir operaciones de Pdvsa y financiar bonificaciones asistenciales, sin que esto signifique una restauración del salario base.
El Estado abandonó la indexación del salario mínimo a los ingresos fiscales petroleros para evitar una expansión monetaria que reactiven la hiperinflación, trasladando todo el peso del ajuste sobre el valor del trabajo formal. Como resultado de esta restricción fiscal y la necesidad de contener los pasivos laborales de la extensa nómina pública, la política salarial mantiene congelado el salario mínimo desde marzo de 2022 en Bs. 130,00 mensuales, equivalente a menos de USD 0,15 mensual al tipo oficial. Este salario es la única referencia con incidencia en prestaciones sociales y utilidades.
Actualmente, el ingreso mínimo integral se sitúa en USD 240,00 mensuales pagaderos en bolívares a tasa oficial, compuesto por el salario mínimo, Cestaticket de USD 40 y Bono contra la Guerra Económica de USD 200 para trabajadores activos del sector público. Los pensionados y jubilados reciben aproximadamente USD 70,00 mensuales. Las bonificaciones representan más del 99% del ingreso mínimo público y cerca del 60% en el sector privado, neutralizando así el costo de prestaciones sociales y jubilaciones que anteriormente se financiaban con excedentes petroleros.
La estructura salarial actual refleja una economía fragmentada donde los sectores vinculados a hidrocarburos operan como enclaves frente al resto del mercado laboral. Mientras trabajadores operativos de la nómina pública petrolera sufren la compresión de escalas compensada parcialmente con beneficios contractuales, el personal técnico y gerencial de empresas mixtas y contratistas internacionales percibe paquetes competitivos en divisas que superan ampliamente el promedio nacional, profundizando las desigualdades en la estructura de ingresos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original