VENEZUELA: ¿Presos por protestar? - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / El Universal / Los más recientes acontecimientos que hemos vivido de protestas, detenciones, uso de la fuerza pública, tratos crueles y procesos penales con motivo de las manifestaciones ocurridas a partir del 12-F, deben hacernos reflexionar y llamar a la cordura.

En primer lugar, debe quedar en claro que nuestra Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica y sin armas y la prohibición a las autoridades de usar armas de fuego y sustancias tóxicas para el control del orden público, debiendo afirmarse inequívocamente que el uso de la fuerza con carácter letal solo se justifica cuando ello es imprescindible para defender la vida propia o de un tercero, real y efectivamente en peligro actual o inminente.

Por lo tanto, el ejercicio de un derecho no puede ser castigado, aun cuando implique perturbación de la normalidad de la vida ciudadana, salvo que se incurra en hechos concretos descritos expresa y concretamente en la ley penal como delitos. Por su parte, esas manifestaciones deben ser resguardadas por la autoridad que le competa garantizar su normal desarrollo y evitar que se produzcan daños o se pongan en peligro intereses o bienes personales o colectivos que ameriten protección.

Pero, aun en el caso de real exarcebación de los ánimos de quienes protestan, recurriendo a medios de ataque que afecten bienes jurídicos, la respuesta no puede ser, sin más, lanzar “gas del bueno”, arremeter con peinillas y mucho menos disparar a matar. Esa respuesta no solo es desproporcionada, sino absolutamente innecesaria e injustificada, como dijimos, y por lo tanto quienes así actúan serían responsables por lesiones, homicidio u otros delitos.

Por otra parte, aun ante los excesos de una protesta, la respuesta violenta, cuando resulta inevitable, debe ser absolutamente necesaria y proporcional al ataque, no justificándose responder con balas a las piedras, ni con gases tóxicos a quienes vociferan o lancen objetos contundentes.

Además, a pesar de que se crea que “cerrar una avenida o una calle es un delito”, eso es totalmente falso, ya que solo el cierre de una vía puede ser considerado como delito cuando se hace con el fin de ocasionar un siniestro y poner en peligro intereses colectivos y la seguridad de los medios de transporte (Art. 357 del Código Penal).

Sin duda, ante la protestas de calle, de un tiempo para acá, la actitud de quienes deben velar por el orden público, ha cambiado, convirtiéndose en factores del desorden y sencillamente se responde a los manifestantes recurriendo a la aplicación de dispositivos que nada tienen que ver con la intención de la autoridad para controlar una protesta, como son los que regulan las zonas de seguridad, si la concentración se produce allí, o los que ponen en peligro la seguridad de los medios de transporte y comunicación, a través de acciones que tiene como fin preparar el peligro de un siniestro, que tiene que ver con un desastre colectivo.

Evidentemente, resulta claro que se tuerce la voluntad de la ley penal cuando ésta, sencillamente, se utiliza como instrumento para acallar, alevosamente, toda voz disidente, crítica o de legítimo reclamo ciudadano.

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Con Información de El Universal

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