La Fiscalía de Venezuela ordenó la exhumación del cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después de su muerte en circunstancias que generaron reclamos internacionales. El Ministerio Público informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde enero de 2025 y fue trasladado a un hospital en julio tras reportarse una hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Su desaparición movilizó a organismos de derechos humanos y generó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el ámbito nuclear, Venezuela completó entre abril la retirada del material radiactivo del reactor experimental RV-1, inoperativo desde 1991. Esta operación se realizó con participación de la Agencia de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica, cerrando un proceso de clausura que se extendía por casi tres décadas.
La reforma judicial genera controversia mientras el gobierno busca ampliar el Tribunal Supremo de Justicia. Defensores de derechos humanos y expertos legales señalan que el país no requiere un aumento de magistrados, advirtiendo que los cambios responden a la necesidad de la presidenta encargada de consolidar mayoría dentro de la institución. Las críticas también se enfocan en la seguridad jurídica, indicando que diputados habrían omitido respetar la adscripción de algunos magistrados suplentes.
La oposición intensifica sus demandas democratizadoras. María Corina Machado agradeció el llamado de la OEA por la liberación de presos políticos, enfatizando que el desmantelamiento de la represión es indispensable para una transición genuina a la democracia. Opositores exigieron la apertura del registro de votantes ante una eventual elección, mientras defensores de derechos humanos como Feliciano Reyna advierten que más de cinco millones de venezolanos permanecen en condiciones vulnerables, subrayando la urgencia de facilitar la transición democrática.
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