El gobierno de Venezuela ha liberado a ocho militares, entre ellos un general, tras más de nueve años de encarcelamiento por acusaciones de conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017. Este grupo, vinculado al denominado "Caso Paracaidistas", recuperó la libertad en el marco de una nueva tanda de liberaciones impulsada por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La excarcelación se produce dentro de un proceso más amplio de liberación de presos políticos que ha avanzado lentamente en el país caribeño.
Los militares fueron acusados formalmente de instigación contra el régimen de Maduro y compartieron expediente con el general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa y antiguo aliado de Hugo Chávez, quien falleció en prisión en 2021. Las hijas de Baduel, Andreína y Margareth, lideran campañas activas por la liberación de los arrestados por motivos políticos y exigen específicamente la excarcelación de su hermano Josnars Baduel, quien permanece detenido desde 2020 por su presunta participación en una fallida incursión para deponer a Maduro.
En el momento de su salida del tribunal, los sargentos liberados fueron recibidos con abrazos y aplausos de sus familiares y simpatizantes. Muchos vistieron camisetas amarillas y algunos alzaron el puño en señal de victoria, según imágenes documentadas por la ONG Foro Penal. El general Ramón Lozada, quien inicialmente salió en silla de ruedas, logró incorporarse posteriormente y se colocó una bandera venezolana sobre su pecho en un gesto simbólico. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, confirmó la liberación de los sargentos paracaidistas y del General Lozada tras cumplimiento de condena.
A pesar de estos avances, la presidenta encargada ha promovido una ley de amnistía que excluye a la mayoría de los militares considerados presos políticos por organismos internacionales de derechos humanos. Jorge Arreaza, diputado chavista y presidente de la comisión parlamentaria que supervisa la amnistía, reconoció la existencia de retrasos en algunos procesos, argumentando que durante el gobierno anterior no existían las condiciones políticas para abordar estos casos debido a la polarización extrema del país.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
