La cúpula chavista anunció el pasado 13 de mayo el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda externa de Venezuela y PDVSA, en medio de años de incumplimientos, sanciones internacionales y una economía gravemente afectada por el colapso financiero. A través de un comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, el régimen aseguró que la medida busca "poner la economía al servicio del pueblo venezolano" y abrir un "nuevo capítulo" de prosperidad, igualdad y estabilidad económica para la nación.
El gobierno atribuyó las dificultades económicas únicamente a las sanciones financieras aplicadas desde 2017, omitiendo mencionar que Venezuela ya enfrentaba años de contracción económica, caída de la producción petrolera y severos problemas de liquidez antes de estas restricciones internacionales. El país mantiene desde 2017 un extenso historial de incumplimientos con acreedores internacionales tras la suspensión de pagos de bonos soberanos y obligaciones de la estatal petrolera.
En el comunicado, el régimen sostuvo que los recursos nacionales deben destinarse al bienestar social y no al pago de obligaciones "insostenibles", mientras prometió recuperar capacidad de financiamiento e intentar atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, el aparato chavista no ofreció detalles concretos sobre plazos, montos específicos, mecanismos de negociación ni condiciones para eventuales acuerdos con los tenedores de deuda.
Esta iniciativa ocurre después de que Estados Unidos autorizara recientemente ciertos servicios de asesoría legal y financiera vinculados a una eventual renegociación de la deuda venezolana, lo que sugiere un posible cambio en el contexto diplomático y financiero que rodea las negociaciones de la nación caribeña con sus acreedores internacionales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
