Erika Guevara, directora senior de investigación de Amnistía Internacional, señaló que Venezuela se encuentra en un momento crítico pero potencial para desmantelar el aparato represivo institucionalizado en los últimos años. Durante la Jornada de Derechos Humanos organizada por la organización, Guevara enfatizó que existe una oportunidad histórica para iniciar este proceso de desmantelamiento, donde la sociedad civil venezolana debe jugar un papel fundamental en la reconstrucción institucional y democrática del país.
La investigadora destacó que la situación de derechos humanos en Venezuela continúa siendo crítica debido al grave retroceso experimentado en años recientes. Guevara señaló que se ha consolidado un aparato de represión violenta sistemática que no solo ha intentado suprimir derechos civiles y políticos, sino que también ha negado derechos fundamentales económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta represión ha generado una de las cifras más altas de personas en necesidad de protección internacional en todo el mundo, reflejando la magnitud de la crisis humanitaria venezolana.
En su análisis, Guevara subrayó que las violaciones de derechos humanos no han sido aisladas sino resultado de políticas deliberadas y prácticas sistemáticas que evolucionaron hasta consolidarse en estructuras de poder. Entre estas prácticas mencionó las detenciones arbitrarias, torturas, persecución y desapariciones forzadas. Según el último informe de Amnistía Internacional, se identificaron 17 venezolanos en situación de desaparición forzada, de los cuales 11 permanecen desaparecidos actualmente, configurando un crimen continuo que genera sufrimiento profundo en las familias y la población en general.
Guevara enfatizó que liberaciones esporádicas e información puntual sobre algunos casos no representan avances significativos sin reparación integral y garantías de no repetición. Expresó que la reparación y no repetición solo serán posibles después del desmantelamiento efectivo del aparato represor, por lo que espera que esta oportunidad coyuntural permita a las organizaciones de la sociedad civil presentar planes concretos y que las autoridades demuestren voluntad política genuina para implementar cambios estructurales profundos en el sistema de justicia y seguridad.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
