Venezuela exigió formalmente a Trinidad y Tobago información detallada sobre un derrame de hidrocarburos que afecta sus aguas territoriales y costas, así como una indemnización por los daños causados. El canciller Yván Gil calificó la situación como "sumamente grave", no solo por el derrame en sí, sino por la falta de comunicación inmediata del gobierno trinitense. Venezuela aseguró desconocer el origen exacto del incidente, el volumen total de hidrocarburos derramados y el tipo específico de producto afectado, información que considera fundamental para evaluar y mitigar los impactos ambientales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha mantenido comunicaciones constantes con Trinidad y Tobago para obtener información sobre el incidente, que fue registrado mediante imágenes satelitales desde el 28 de abril en aguas cercanas a la isla de Trinidad. Para abordar esta crisis, el gobierno venezolano ha activado equipos multidisciplinarios que incluyen ministerios de Ambiente, Pesca y Acuicultura, la empresa estatal PDVSA, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y la Armada Nacional, quienes trabajan coordinadamente desde hace varias semanas en la evaluación de daños.
Los impactos ambientales y económicos reportados son significativos: el derrame ha afectado aproximadamente 1.625 kilómetros cuadrados en 12 sistemas de humedales estratégicos del país, poniendo en riesgo cuatro parques nacionales importantes. La actividad pesquera de más de 500 pescadores se ha visto limitada operacionalmente, generando costos considerables y restricciones en la comercialización de productos. Más de 140 especies pesqueras resultan afectadas en la zona, junto con ecosistemas de manglares de relevancia ecológica crítica.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas han recogido y analizado más de 12 toneladas de productos derivados del hidrocarburo. Este incidente se enmarca en un patrón preocupante de contaminación en la región: entre 2015 y 2023 se registraron más de 876 derrames de diversos tipos de compuestos en la zona del Golfo de Paria. Venezuela alertó públicamente sobre el derrame el 9 de mayo, reportando una grave afectación ambiental que impacta territorios de los estados costeros de Sucre y Delta Amacuro.
Fuente: Banca Negocios — Ver nota original
