Estar encarcelado en Venezuela representa un castigo doble que afecta tanto a presos comunes como a prisioneros políticos. El sistema penitenciario ha experimentado una transformación radical que ha reemplazado el dominio de las mafias por un control militarizado ejercido por el Estado. Las condiciones carcelarias se caracterizan por el trato hostil, alimentos en descomposición, sobrepoblación extrema, requisas violentas y restricciones arbitrarias en las visitas familiares. Esta situación se replica también en los centros de retención policial, donde la vulnerabilidad de los detenidos es prácticamente absoluta.
Los amotinamientos son síntomas recurrentes de la crisis penitenciaria venezolana. Cuando la acumulación de malos tratos alcanza puntos críticos, estallan motines como el ocurrido recientemente en el Internado Judicial de Barinas o el de Yare en abril, que dejan víctimas mortales y heridos. Existe una marcada diferencia en la visibilidad de estas muertes: cuando fallece un preso político bajo custodia estatal, se generan protestas masivas; sin embargo, los presos comunes permanecen invisibles. Entre abril y mayo de 2025, el Observatorio Venezolano de Prisiones documentó 16 fallecidos en cárceles. Durante 2024 murieron 149 personas bajo custodia estatal, y desde 2017 la cifra acumulada de muertes en recintos carcelarios asciende a 560 personas.
El punto de quiebre en la estructura del crimen carcelario llegó con la ejecución del plan Gran Cacique Guaicaipuro en 2023, ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Este operativo desplazó 11.000 efectivos militares para recuperar por la fuerza las principales prisiones del país, incluyendo Tocorón, cuna del Tren de Aragua, que había llegado a funcionar como un centro comercial delictivo con discotecas, restaurantes y complejos acuáticos. Las fuerzas estatales confiscaron cientos de fusiles, armas de guerra, drones, drogas y centros de operaciones criminal como un call center utilizado para coordinar extorsiones y secuestros nacionales.
La figura del pran, históricamente identificado como el líder de las estructuras delictivas penitenciarias desde el inicio del siglo XXI, ha desaparecido gradualmente para ser reemplazada por el control militarizado estatal. Muchos de estos criminales que consolidaron su poder durante la gestión de Tareck El Aissami en el Ministerio del Interior y Justicia lograron escapar antes de las operaciones militares, emigrando hacia otros países de la región. Aunque el Estado logró disminuir el poder de las mafias carcelarias, ha establecido un nuevo sistema de represión que mantiene a los prisioneros en condiciones de extrema vulnerabilidad bajo autoridad militar.
Fuente: El Pais — Ver nota original
