La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025 (Encovi 2025) presenta un panorama desgarrador sobre la realidad de Venezuela. Según estos datos, el 76,5% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos, lo que significa que más de tres cuartas partes del país carece de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Aún más preocupante es que el 38,5% de los venezolanos vive en pobreza extrema, es decir, en uno de cada tres hogares los ingresos no alcanzan ni para garantizar la alimentación diaria. La pobreza multidimensional, que incorpora privaciones en vivienda, servicios públicos, educación, empleo y salud, afecta al 55% de la población, generando una exclusión simultánea en múltiples dimensiones que deteriora profundamente la calidad de vida.
El sistema educativo nacional enfrenta una crisis que hipoteca el futuro del país. Aproximadamente un tercio de la población escolar permanece excluida del sistema educativo, lo que representa alrededor de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes sin acceso a las aulas. Esta situación es particularmente grave considerando que el 87% de la población estudiantil depende de instituciones públicas. Sin educación accesible y de calidad, la desigualdad se reproduce generación tras generación, perpetuando ciclos de pobreza. Los menores que no pueden formarse quedan anclados en esquemas de exclusión económica que limitan sus oportunidades futuras y sus proyectos de vida.
El mercado laboral venezolano también presenta indicadores preocupantes que reflejan baja participación económica. La tasa de participación laboral se ubica en apenas 55%, significativamente por debajo del promedio latinoamericano y de países como Brasil, Colombia y Chile. Dentro de esta realidad, persiste una marcada desigualdad de género: solo el 39% de las mujeres participa en la actividad económica. Muchas quedan excluidas del trabajo remunerado mientras asumen labores de cuidado doméstico, crianza de niños, cuidado de ancianos y enfermos. Este trabajo, aunque esencial e indispensable, permanece invisibilizado y sin reconocimiento económico, lo que genera mayores obstáculos, costos más altos y oportunidades más limitadas para que las mujeres reintegren al mercado laboral.
El deterioro de los servicios públicos completa un cuadro de crisis humanitaria. Apenas el 29% de la población reporta acceso diario al agua, y solamente el 10% de los hogares cuenta con suministro ininterrumpido del líquido vital. La situación energética es igualmente crítica: casi cuatro de cada diez hogares experimentan apagones diariamente. Sin agua constante, sin electricidad confiable y sin servicios básicos funcionales, la población venezolana enfrenta un colapso institucional que hace incompatible cualquier relato de recuperación económica con la realidad vivida en las calles.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
