X: @jrlopezpadrino Los Estados no se miden por la grandilocuencia de sus discursos ni por la cantidad de ministerios, generales o leyes que poseen. Se juzgan por su capacidad para cumplir las funciones que justifican su existencia: proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía, administrar justicia y garantizar los servicios públicos esenciales. Cuando dejan de hacerlo, las instituciones permanecen, pero el Estado comienza a desaparecer. No muere de un día para otro; se descompone lentamente, institución tras institución, hasta que solo sobreviven sus símbolos mientras se extinguen sus funciones. Durante más de un cuarto de siglo, el chavismo prometió construir un Estado fuerte, soberano y socialmente justo. Lo que terminó edificando fue exactamente lo contrario: un proyecto represor antinacional, antiobrero y excluyente, incapaz de cumplir las funciones elementales que justifican la existencia de cualquier Estado. La revolución que proclamaba haber refundado la República terminó demoliéndola. Hoy Venezuela conserva las formas de un Estado, pero funciona como un territorio donde las instituciones dejaron de servir al interés nacional para convertirse en instrumentos de preservación de «parcelas» de una élite política cívico-militar. Venezuela ya no enfrenta únicamente a un Estado incapaz, es un Estado fallido y, a partir del 3 de enero, además tutelado por la Casa Blanca. No se trata de un eslogan político panfletario; es una realidad ante la incapacidad que ha mostrado el Estado venezolano para ejercer soberanía sobre su territorio, garantizar la seguridad de la población, administrar justicia, proveer servicios públicos esenciales, hacer cumplir el Estado de derecho y proteger a sus ciudadanos. Venezuela es un Estado fallido, porque fracasó en materia de seguridad al perder el monopolio efectivo de la fuerza. Mientras el discurso oficial proclama la defensa de la soberanía, extensas zonas del territorio nacional han sido penetradas por organizaciones criminale
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